Para el sindicato los errores de la Administración no deben recaer sobre los trabajadores y ha de ser la propia Administración la que dé la solución a este colectivo para que no engrosen las listas del paro. Por ello, CC.OO. ha convocado concentraciones este próximo viernes día 15 ante las Delegaciones de Educación. Además, el sindicato recurrirá a la vía judicial si no se ofrecen soluciones para este colectivo.

Este conflicto, que afecta a 840 trabajadores y trabajadoras, se origina con el cese de la prestación de los servicios de apoyo a la gestión administrativa y académica que vienen siendo realizados desde 2006 en colegios públicos de Infantil y Primaria por empresas contratadas a través de Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE Andalucía), agencia pública perteneciente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, pues el servicio ha pasado o lo hará en breve a ser prestado directamente por esta Consejería.

Ante este conflicto, CC.OO. propone la subrogación de los trabajadores como solución a los despidos. Para el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, José Blanco, “esta propuesta nace por cuanto se va a producir una sucesión de empresas y el personal ha estado prestando servicios a través de dichas empresas en los colegios de la Consejería de Educación en fraude de ley por haberse registrado, según el art. 43 del Estatuto de los Trabajadores, una “cesión ilegal” de trabajadores desde las empresas adjudicatarias del servicio a la propia Junta de Andalucía --que actúa como empresa cesionaria--, al producirse una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria”.

Para CC.OO., los errores de la Administración no deben recaer sobre los trabajadores y ha de ser la propia Administración la que dé la solución. Por ello, José Blanco insiste en la propuesta de subrogación, “porque estas personas están legitimadas por cuanto les asiste el derecho a un trabajo que han venido desempeñando --si hoy este personal es apto para desempeñar estos trabajos en los colegios, mañana también lo son, tengan o no titulación específica, sea una empresa u otra, aunque ésta se llame Junta de Andalucía-- y ha sido la Administración la que ha cometido un fraude de ley”.

El sindicato hace una llamada a la reflexión por parte del Gobierno andaluz, pues en este punto se debiese defender y pensar en no conculcar los derechos de este colectivo porque, además de legítimos, son también justos. Asimismo, según Blanco, “la Administración no debe poner el origen del problema en la parte social pues es la propia Administración la que no acepta propuesta alguna de las planteadas desde el sindicato, incluso vamos más allá y no descartamos ninguna propuesta que permita mantener su contrato laboral en las condiciones actuales hasta que puedan adquirir la cualificación requerida y avance el grupo de trabajo sobre clasificación profesional creado en el ámbito de la Comisión de Convenio de la Junta de Andalucía".

Ante esta situación, CC.OO. llevará a cabo un calendario de movilizaciones que se iniciará el próximo viernes 15 de noviembre con concentraciones ante las Delegaciones de Educación de las ocho provincias andaluzas. A la vez que se anuncia que el sindicato recurrirá a la vía judicial si no se ofrecen soluciones para los 840 despedidos y que sean los tribunales los que restablezcan sus derechos frente a la nueva empresa, que no es otra que la Junta de Andalucía.