Para el sindicato las funciones de estos trabajadores y trabajadoras dan equidad y calidad al servicio público educativo. Sin embargo, CC.OO. denuncia que la Junta de Andalucía, desde hace años, está apostando por su privatización mediante empresas a las que se le adjudica el servicio valorando de forma exclusiva el coste más bajo y obviando los convenios colectivos de los trabajadores o la calidad educativa.

En Andalucía existen más de 10.500 puestos de trabajo en los centros educativos públicos que llevan años privatizados, entre los que se encuentran: monitores de educación especial, personal de administración, personal de cocina, monitores de comedor escolar o intérpretes de lengua de signos entre otros.  Para CC.OO., estos trabajadores y trabajadoras son tan necesarios como la propia labor docente y el hecho de que estos puestos estén privatizados está dañando sus condiciones laborales y, con ello, el propio sistema educativo y la calidad del servicio que este debe ofrecer.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, José Blanco, “valora que la Consejería de Educación y sus responsables políticos se sumen públicamente a la preocupación existente sobre los derechos de las trabajadoras y trabajadores de los centros educativos, pero, a la vez censura que todo se quede en buenas palabras sin hechos reales que solucionen situación del sector”.  “Un buen paso en este sentido, sería, por parte de Educación, oír lo reclamado en las movilizaciones del personal de apoyo administrativo realizadas estos días --con el contundentemente apoyo de CC.OO. --, actuando con medidas que impidan lo que ella misma está provocando: que casi 900 personas, muchas de ellas con más de siete años de servicios prestados, vayan a engrosar las listas del paro”, dice el responsable sindical.

Se queja el sindicato de que transcurridos casi dos meses desde la toma de posesión del nuevo consejero de Educación, éste aún no haya mantenido una reunión de trabajo con CC.OO. para abordar el conjunto de problemas que afectan a la citada consejería, muchos de ellos acumulan largo tiempo de protestas de los trabajadores y trabajadoras en la calle.

Ante esta situación, el sindicato exige a la Consejería de Educación negociar sobre la privatización de los servicios a la educación que venían siendo realizados con personal de la propia consejería y que ahora desarrollan empresas privadas. Ello, con la consiguiente aplicación de condiciones laborales precarias, pues la licitación del servicio atiende exclusivamente a criterios de precio para su adjudicación a una u otra empresa, un hecho que invita a que las condiciones laborales de los trabajadores empeoren más y más cada año. “Es paradójico que esta Consejería lleve años privatizando servicios, tanto de atención al alumnado dentro del aula como fuera de ella, y de atención a los centros, cuando en ellos había personal laboral propio de Educación a los que ha desplazado tras privatizar el servicio”, se critica desde CC.OO.

El propio dossier de inicio de curso elaborado por la Consejería de Educación señala que el total de centros autorizados en el Plan de Apertura de Centros para 2013/2014 es de 2.126. Según CC.OO., esta cifra supone que la externalización de servicios tales como el aula matinal, la atención en el comedor escolar y las actividades extraescolares al menos afecta a los trabajadores de 3.500 centros públicos andaluces.

A lo anterior, añade el sindicato, que hay que sumar las 700 contratas de limpieza y los 1.236 comedores de catering, lo que nos lleva a hablar de más de 7.000 trabajadores y trabajadoras. La cifra engrosa con los 90 intérpretes de lengua de signos o a los 640 monitores de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales, que también están sufriendo esta privatización.

CC.OO. da cuenta de que el personal de apoyo administrativo cobra alrededor de 300 euros, siendo, incluso menor, el salario del que desarrolla tareas de servicios complementarios en las aulas matinales o en los comedores escolares. Un personal titulado como es el de intérprete de lengua de signos ha perdido de su salario 300 euros mensuales este curso escolar, al que además se le cesa laboralmente en períodos vacacionales como puentes, Navidad, Semana Santa o verano, a pesar de que algunos de ellos llevan desempeñando esta labor más de 12 años. “El personal que atiende servicios privatizados pierde su salario incluso si sufre una enfermedad o un ingreso hospitalario”, se denuncia desde el sindicato.

Según Blanco, tras todo lo anterior, “el Gobierno andaluz tiene una gran responsabilidad en estas situaciones porque licita a muy a la baja los servicios que ofrecen estas empresas, por debajo incluso del montante de los salarios estipulados por convenio para los trabajadores que deben atender el servicio”.

“CC.OO. insta al titular de Educación a reunirse y poner sobre el papel alternativas a la privatización de servicios en su  Consejería, así, como a poner fin a la precariedad laboral de los más de 10.500 trabajadores y trabajadoras que atienden los servicios privatizados”, finaliza Blanco.