Hará contratos desde dos horas de trabajo semanales y ninguno de ellos alcanzará el 60% del horario ni del salario del resto de los trabajadores de la Junta de Andalucía.

La decisión de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de llevar a cabo de manera directa las tareas de apoyo y asistencia a la gestión académica y económica de los centros públicos de Educación Infantil y Primaria de las ocho provincias, ha supuesto el despido de 840 de trabajadoras y trabajadores que, en muchos casos, llevaban ocho años realizando este trabajo. Este servicio público, venía siendo prestado hasta ahora por empresas privadas en condiciones de explotación, pero que ella misma subcontrató.

CC.OO. denuncia que tras despedir a 840 monitores de apoyo administrativo, la Consejería de Educación presenta una oferta de empleo al SAE que abre el camino al contrato a tiempo parcial y a la precariedad laboral entre los empleados públicos.

Según el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, José Blanco, “la documentación entregada por la propia Consejería en la reunión del pasado día 21 expresa que los contratos que va a ofrecer oscilan entre las 2 horas y 22 horas semanales, cuando la jornada de trabajo ordinaria en la Junta es de 37,5 horas”.

De esa documentación también se desprende que dicha oferta de puestos, 1.014 en su totalidad, el 40% serán  contratos que no alcanzarán siquiera el 60% del horario ni del salario del resto de los trabajadores de la Junta de Andalucía. Para CCOO, además, se crea un agravio con el resto de centros que tienen personal a tiempo completo para realizar las mismas tareas administrativas.

Según el sindicato, la Junta de Andalucía ofrecerá de esta manera contratos que oscilan entre el 5% o el 58% de la jornada y salario de sus contratos habituales, viniendo a consolidar las políticas de recortes en materia educativa y laboral que tanto el Gobierno de España como el Gobierno Andaluz, sin distinción, están aplicando. “Máxime, cuando en contradicción a lo que se manifiesta desde la  Consejería de Educación, estos puestos son estructurales, no son casos excepcionales, ni para cubrir necesidades urgentes que no puedan ser atendidas por el personal laboral fijo, como dice el artículo 10 de la Ley de Presupuestos en la que basan estas contrataciones. Porque son necesidades que existen en los centros, es decir, necesarios para el propio sistema,  ya que han venido siendo ocupados desde hace ocho años por los 840 de trabajadoras y trabajadores despedidos. Por tanto, en nada se trata de necesidades urgentes o excepcionales como se desea hacer creer a la opinión pública para justificar esta precarización que se instaura”, apostilla Blanco.