Ninguna de ellas ha sido llamada por el SAE, incluso teniendo la titulación requerida y contar con experiencia en el puesto.

Hace dos semanas la Consejería de Educación anunciaba la puesta en marcha del Plan de Choque para la contratación de monitores de apoyo a la gestión administrativa de los colegios públicos de titularidad de la Junta de Andalucía. Con este anuncio se daba al traste a cualquier solución negociada al conflicto generado por el despido de 840 personas, en su mayoría mujeres, que desde 2006 hasta esa fecha venían realizando esas tareas en esos mismos colegios.

Los responsables del Gobierno andaluz justificaban esta medida en que estas trabajadoras eran explotadas por las empresas contratadas y que serían llamadas por el Servicio Andaluz de Empleo quienes tuviesen la titulación de Técnico Superior en Animación Sociocultural y de Técnico Superior en Administración y Finanzas y acreditasen experiencia en estos puestos.

CC.OO. denuncia la demagogia que encerraban estas argumentaciones, puesto que en la selección que está realizando el SAE ninguna de las 840 trabajadoras ha sido llamada, a pesar de poseer la titulación requerida y de tener experiencia en ese mismo trabajo”.

Según el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, José Blanco, “este hecho forma parte del cúmulo de despropósitos y negativas que ha venido mostrando la Consejería de Educación con este colectivo, ninguneando y horadando la dignidad de estas trabajadoras que durante ocho cursos han contribuido a la gestión eficaz de los colegios públicos, hecho ratificado por los equipos directivos de los centros donde han estado destinadas, y ello a pesar de las pésimas condiciones laborales que han soportado”.

El sindicato censura que Educación pusiese en el tejado de los sindicatos la solución a un conflicto que es responsabilidad de la Administración Pública andaluza, cuando CC.OO. siempre ha tenido disposición a hallar una solución que pasara por el mantenimiento de estas trabajadoras en sus puestos de trabajo.

“En vez de buscar una solución al conflicto, la Consejería de Educación ha culpabilizado a estas trabajadoras que han pasado a engrosar las listas del paro por hacer ruido y defender sus derechos laborales. Pues como se ha demostrado con los llamamientos hechos por el SAE, el problema no era de titulación sino de voluntad política y de incapacidad para resolver el despido de 840 personas”, apostilla Blanco.