• Hoy se celebra en Cádiz el primero de los juicios por el despido de este colectivo.
• El sindicato está convencido de que la sentencia que se dicte será favorable a las trabajadoras.

Hoy, 12 de febrero, se celebra en Cádiz el primer juicio de las monitoras y monitores de apoyo administrativo de los colegios públicos de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, interpuestos contra su despido y contra la cesión ilegal de trabajadores que han sufrido durante los ocho cursos en que han venido desarrollando su relación laboral.

Por ello, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, José Blanco, recuerda que “estas 840 trabajadoras contratadas para prestar servicios de apoyo a la gestión administrativa y académica de los colegios de titularidad de la Consejería de Educación, fueron despedidas durante los meses de octubre y noviembre pasados por luchar en defensa de sus derechos laborales, y continúan su movilización sostenida durante este tiempo contra la intención de Educación de reemplazarlas mediante lo que denomina un plan de choque, sin tener la posibilidad de optar a estos puestos”.

Asimismo, Blanco “se muestra confiado en que la Justicia dará la razón a estas trabajadoras y trabajadores, dado que, según consta en el informe emitido por la Inspección de Trabajo de Cádiz, se reconoce dicha cesión ilegal”. Por ello, desde el sindicato, “se pide a la Consejería de Educación que no recurra el fallo que se pronuncie en la Sentencia del juzgado de lo Social y lo aplique y extienda al resto del colectivo de monitoras y monitores de apoyo administrativo de toda Andalucía. Pues, esta petición responde a lo que considera una obligación moral, responsabilidad política y respeto a la normativa laboral por parte del Gobierno de Andalucía, y subsanar la precariedad a la que han sido sometido el colectivo durante tanto tiempo”.

 “Si la Junta de Andalucía hubiera subrogado  a estas trabajadoras, tal y como es el derecho que les asiste y así ha venido demandando el sindicato, se hubiera evitado su despido y los perjuicios que se han venido produciendo en el funcionamiento de los 1.031 colegios públicos en los que trabajaban”, finaliza Blanco.