• Las nuevas medidas ocasionarán el despido de más de 150 profesionales del sector y 271 plazas menos en los centros de menores.
• CC.OO. exige a la Junta el cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de menores.

El sistema de protección de menores en Andalucía es un servicio público que se presta con plazas públicas y plazas concertadas. Ello hace que podamos encontrar tanto a trabajadores y como a menores –con condiciones laborales, los unos, y un servicio de acogimiento, los otros-- de primera o segunda categoría, según esté trabajando o acogidos en un centro público o concertado.

Para CC.OO., esta situación ha alcanzado un punto de inflexión intolerable con la enésima medida tomada por la Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias consistente en la supresión de más de 271 plazas en los centros de menores en Andalucía tan sólo un año después de haberlas concertado, lo que acarreará el despido de más de 150 profesionales en este sector.

El sindicato critica que los motivos esgrimidos por la Administración para llevar a cabo este nuevo ataque al sistema de protección de menores en Andalucía son un nuevo ejemplo del doble lenguaje del Gobierno andaluz, afirmando que son el último bastión en defensa de los servicios sociales y de los derechos de los trabajadores mientras que practican las mismas políticas de recortes y aniquilación de los servicios públicos que el Gobierno central.

Según CC.OO., esta supresión de plazas en los centros de protección de menores se hace aduciendo a la bajada en la demanda, pero lo cierto es que las razones de esta menor demanda son: la no retirada de los menores cuando ésta es solicitada por los Equipos de Tratamiento Familiar; la cronificación de las familias en un sistema que no se atiende correctamente por falta de recursos y cuya consecuencia más cruel es el deterioro psíquico, afectivo y emocional de los menores o la apuesta por el acogimiento familiar profesionalizado, no como una mejora del sistema sino como una forma de ahorro.

Asimismo, el sindicato denuncia la pésima situación laboral de los profesionales de los centros concertados que atienden a estos menores --de la que la Administración es subsidiariamente responsable—y la incongruencia de la Junta de Andalucía que --sólo un año después de la firma de los conciertos con las entidades privadas-- modifica lo acordado sin tener en cuenta las repercusiones negativas que esto va a tener en los niños y niñas acogidos.

La Ley Orgánica 1/1998 de los derechos y la atención al menor dice en su Art. 3 que en el ejercicio y materia de protección de los derechos de los menores ‘primará el interés superior del menor frente a cualquier otro interés legítimo’. Por ello, ante esta situación, CC.OO. exige a la Junta el cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de menores en Andalucía para garantizar que la optimización de recursos que pretende implantar no vulnere los derechos de trabajadores y los menores, así como el abandono definitivo de los criterios economicistas en el acogimiento residencial de los niños y niñas andaluces a quienes tutela.