Este mes de marzo, como cada curso escolar, se desarrollará el periodo de matriculación de los escolares andaluces de niveles no universitarios. CC.OO., ante este proceso, considera que es a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte a quien compete, como responsable del servicio público, una campaña que anime a la escolarización en la educación pública entre la ciudadanía andaluza junto al desarrollo de medidas que apuesten por su calidad.

CC.OO. se manifiesta preocupado por la brecha social que la nueva ley, la LOMCE, generará en un futuro inmediato si la Consejería de Educación no desarrolla de modo inmediato, y junto a la propia escolarización, medidas que prevengan y eviten este hecho.

La Consejería de Educación debe determinar con medidas legislativas, dentro de las competencias que posee en educación, que la matriculación de todo el alumnado diverso se realice por igual en todos los centros sostenidos con fondos públicos y que, incluso dentro de los propios centros educativos, se evite segregar al alumnado en unas aulas u otras según su rendimiento.

CC.OO. indica que velará por la defensa de lo público,  que es responsabilidad de la Administración Educativa. Si realmente se apuesta por lo público, es necesario potenciar la escolarización en la educación  pública, disponiendo a la vez de mecanismos que fomenten la integración y la equidad.

En relación a la escolarización y, entre otras medidas, CC.OO. plantea que la futura Formación Profesional Básica, segregadora en su propio diseño y que comienza el próximo curso escolar, se combata con programas paralelos de refuerzo de preparación de pruebas libres de titulación en ESO mediante una  educación de adultos específica. Es necesario disponer de una perspectiva amplia y real por lo que la nueva FP Básica debe instaurarse en toda la red de centros andaluces sostenidos con fondos públicos, tal como se estaba produciendo con los actuales Programas de Cualificación Profesional Inicial, que quedan eliminados.

Más allá de discursos grandilocuentes sobre la educación pública, es importante defenderla apostando por una escuela no segregadora, ni ideologizada, e integradora. Y la administración es la máxima responsable de ello.

La LOMCE regula aspectos que incidirán en la segregación del alumnado andaluz. Disponer de apoyo educativo para el alumnado con problemas de aprendizaje “no imputables a falta de estudio”, como contempla la nueva ley. Requiere actuaciones por parte de la Consejería de Educación que evite que los escolares de entornos sociales desfavorecidos sean marginados en el sistema educativo andaluz al no contar con el refuerzo educativo necesario”.

CC.OO. insta por ello a Educación a que desarrolle una campaña entre las familias andaluzas que anime a la matriculación en los centros públicos. Asimismo, se hace necesario disponer igualmente de un calendario de negociación con los agentes sociales y con la comunidad educativa que desarrolle medidas de consenso que eviten la segregación del alumnado o la devaluación de la educación pública.

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