• El secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, José Blanco, y el responsable del sector de protección a menores, Diego Rodríguez, han presentado una radiografía de un servicio que ha sufrido en dos años un recorte de más de nueve millones de euros, solo en acogimiento residencial.
• Los dirigentes sindicales han alertado sobre la pérdida de empleo que ese recorte ha supuesto y que se traduce en un 25% de trabajadores y trabajadoras menos y en una precarización de las condiciones laborales, así como en un empeoramiento de la calidad del servicio.

“Se han suprimido 271 plazas en estos centros, se han recortado las ayudas al acogimiento familiar, a la atención a este colectivo y las que llegan a las familias acogedoras o llegan tarde o son insuficientes”. Ante este “desmantelamiento”, como lo han calificado los dirigentes, CC.OO. ha anunciado una movilización el día 10 de abril ante la sede del Parlamento de Andalucía.  

La atención al menor en situación de vulnerabilidad corresponde a la Consejería de Salud, Igualdad y Políticas sociales, la cual, dado el caso, tiene tres posibilidades una vez se declara el desamparo de un menor: acogida dentro de la familia extensa (familiares), acogida mediante una familia colaboradora o acogida en un centro residencial.

Sobre la que debiera ser la medida prioritaria en la atención del menor, el acogimiento familiar, CC.OO. ha criticado que está siendo enfocada con criterios economicistas. El sindicato ha reclamado un sistema de acogimiento familiar coherente y organizado, sustentado por un número de profesionales suficiente y con una serie de recursos que, en los últimos tiempos, han ido mermando. Prueba de ello es que las ayudas para acogimiento familiar han sufrido en tres años un recorte de 197.897 euros, las ayudas económicas a familiares de 285.438 euros, atención a menores en riesgo de 1.927.781 euros y el programa de atención social a las familias de 1.320.000 euros

Otra de las opciones que plantea la Junta es la acogida del menor en un centro residencial, y sobre esto el sindicato ha denunciado que se trata de un servicio “que está externalizado en un 80 por ciento con entidades privadas, bien a través del modelo de conciertos bien a través de convenios”. A principios de 2013 el número de profesionales que trabajan en este sector (educadores sociales, trabajadores sociales, psicólogos, etc.) alcazaba una cifra ligeramente superior a los mil. En ese año el sector ya sufrió con los recortes el despido del 15% de los trabajadores. En 2014 el sindicato ha constatado más despidos y la congelación salarial para el resto de trabajadores y trabajadoras. Para CC.OO. los centros concertados son de “segunda categoría y, por ejemplo, los menores que residen en ellos ni siquiera pueden hacer actividades extraescolares porque no hay dinero”.  

Según la Administración, ésta ha percibido el descenso de menores en situación de desamparo y el incremento de los acogimientos familiares, pero el sindicato ha mostrado su desacuerdo con esa afirmación y ha explicado que, en su opinión, “solo se trata de un argumento utilizado por la Administración para suprimir en 2014 más de 250 plazas en los centros de menores”.

Por otra parte CC.OO. también ha lamentado que las familias acogedoras, además de que las ayudas que reciben son insuficientes las reciben tarde. “Tampoco estamos de acuerdo con el acogimiento familiar profesionalizado porque supone la creación de subempleo”.

Sea cual sea la opción de acogimiento es imposible mejorar la atención con menos trabajadores, menos recursos y peores condiciones laborales.

Por ello CC.OO. ha demandado a la Junta incrementar la plantilla de profesionales, mejorar la formación de esta y realizar un exhaustivo seguimiento y evaluación de las actuaciones de las entidades privadas que gestionan los servicios. Asimismo, el sindicato ha pedido modificar la orientación de los centros de acogimiento residencial tendiendo hacía un modelo orientado a la especialización, atendido por profesionales con la titulación académica y formación necesaria.

Para CC.OO. es necesario extender el modelo de conciertos a todos los servicios externalizados, estableciendo unos pliegos de condiciones en los concursos públicos donde se fije claramente la subrogación de los trabajadores, la aplicación de convenio estatal de reforma juvenil y protección de menores, una ratio de trabajador/menor a cumplir, así como los procedimientos tanto de actuación y seguimiento de las entidades colaboradoras.

La supresión de las 271 plazas en los centros de menores este año en Andalucía y los consiguientes 150 despidos trabajadores, las reducciones salariales, las bajadas de categoría profesional, las jornadas de trabajo de más de 60 horas semanales, son, para CC.OO., indicadores de un progresivo desmontaje del sistema de protección de menores en Andalucía.

Como forma de protesta y exigiendo la reversión de estos “nefastos datos, en aras de la calidad del Sistema de Protección de Menores”, CC.OO. ha anunciado que el próximo 10 de abril habrá una concentración ante el Parlamento de Andalucía.