• Este proceso debe permitir una planificación acorde a las necesidades del sistema educativo y productivo andaluz.
• Rentabilizar las Residencias Escolares y un acuerdo de garantías para el profesorado son algunos de los planteamientos que hace el sindicato como necesarios.

La Formación Profesional va a experimentar cambios significativos en los próximos cursos escolares en base a la implantación de los ciclos formativos de 2.000 horas que aún continuaban con el modelo antiguo de 1.300 horas, y al desarrollo de la LOMCE.
 
CC.OO. denuncia que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte pretende evitar el aumento de plantilla que supone este aumento horario disminuyendo el número de grupos en otros ciclos formativos que ya se encuentran adaptados a la nueva carga horaria.
 
Desde el sindicato se critica que la Consejería de Educación pretenda eliminar ciclos con poca matriculación en los últimos 6 años y disminuir el número de unidades de segundo curso mediante el traslado de alumnado de unos centros a otros en la misma localidad.  
 
Para el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, José Blanco, “Lo preocupante, además de que este proceso se lleve a cabo sin una adecuada planificación y transparencia, es que se realice sin consenso y desde cada Delegación Territorial de Educación, lo que provocaría que no hubiese criterios comunes entre distintas provincias y que se impidiese que parte del alumnado pudiese acceder a una adecuada formación.”
 
Otra de las cuestiones que preocupa al sindicato es la posible concentración de ciclos formativos en las capitales, mermando el derecho a la educación del alumnado de las zonas rurales y desatendiendo así sus necesidades de cualificación profesional.
 
Según Blanco “es necesario realizar un estudio detallado de la situación actual de la Formación Profesional en Andalucía, incluido un mapa de la oferta existente, y analizar con la comunidad educativa las vías que la hagan factible”. Desde CC.OO. se propone rentabilizar las 37 Residencias Escolares andaluzas de forma que se permita la escolarización de la población de las zonas rurales. El sindicato considera igualmente necesario disponer de un acuerdo de garantías para el profesorado que se vea afectado por desplazamientos o supresiones ante esta nueva Formación Profesional.  
 
“En cualquier caso es imprescindible contar con un proceso negociador transparente y participativo que genere garantías tanto para el alumnado como para el profesorado de Formación Profesional. Aún entendiendo la necesidad de rentabilizar los recursos existentes, incluidos los humanos, el sindicato no comparte un proceso donde se pueda ver mermado el derecho a la educación en el caso de alumnado y de las condiciones laborales en el caso del profesorado que la desarrolla”,  indica Blanco.