• Los Reales Decretos que desarrollan estos niveles educativos vulneran la legislación vigente y lesionan derechos de estudiantes y profesorado.
• El sindicato ha hecho esta petición en las dos últimas Mesas Sectoriales de Educación.

CC.OO. ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra las normas que desarrollan la nueva Formación Profesional Básica (FP Básica) y la Educación Primaria recogidas en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
 
El secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, José Blanco, “pide a la Consejería de Educación, cultura y Deporte seguir los pasos del sindicato y acudir también al Tribunal Supremo para defender la educación pública tal como CC.OO. le ha solicitado en la dos últimas Mesas Sectoriales de Educación”.
 
Los razonamientos del sindicato para recurrir el RD de La FP Básica son que éste legitima la exclusión educativa de determinados alumnos y alumnas en el marco de la escolaridad obligatoria, limitando su continuidad en el sistema educativo, por lo que la nueva etapa constituye un retroceso respecto a los Programas de Cualificación Profesional Inicial a los que sustituye y que se extinguen el próximo curso, no se garantiza que los futuros ciclos formativos incluyan un módulo profesional de Formación y Orientación Laboral (FOL), tampoco queda garantizado que las prácticas laborales se desarrollen en un entorno laboral, así como el quebranto que puede suponer diferentes criterios de admisión en cada comunidad autónoma. Por último, CC.OO. considera que la adscripción del profesorado es absolutamente arbitraria, ya que no se han establecido criterios claros, violando preceptos básicos de la Constitución relativos al acceso a la función pública con arreglo a los principios de mérito y capacidad y la sujeción de las Administraciones Públicas a la Ley y al Derecho.
 
Respecto al Real Decreto de Educación Primaria, el gabinete jurídico de CC.OO. pone en entredicho la elaboración de una memoria abreviada, ya que, por su contenido, no responde a un carácter abreviado, sino ordinario, regulado en el artículo 2 del Real Decreto 1083/2009. Además, tal y como ha señalado el Consejo de Estado, “se echa en falta en la memoria un cálculo específico sobre el impacto económico del Proyecto, que no se limita como aquélla da a entender al coste de la realización de la prueba final de Educación Primaria.  
 
Según CC.OO., en la parte expositiva del Real Decreto se vulneran, asimismo, los derechos del profesorado, no se respeta la configuración de la plantilla de los centros y la disponibilidad horaria, de obligada negociación, a tenor del artículo 37 del Estatuto Básico del Empleado Público.
 
Igualmente, se pone en entredicho el artículo 27 de la Constitución Española en relación al derecho a la educación, en su sentido más amplio, al establecer este RD una prelación jerárquica de asignaturas en la que prevalecen unas materias frente a otras, en detrimento del desarrollo de las competencias, capacidades y habilidades de los estudiantes. La LOMCE elimina definitivamente el currículo que tiene como eje vertebrador las competencias y vuelve a establecer una jerarquía de contenidos anacrónica y definitivamente alejada de las necesidades formativas del alumnado en la actual sociedad del conocimiento, se apunta desde CC.OO.