• La Consejería de Educación no ha dictado medidas sustitutorias de los artículos de la Orden del Programa de Calidad anulados por una sentencia del TSJA que permitan cumplir con la obligación adquirida con el profesorado acogido al programa.
• Ante el silencio de la Administración Educativa, su negativa a negociar un procedimiento por que el que el programa sea suprimido y su silencio a convocar la Comisión de Seguimiento del Pacto que fundamenta el Plan de Calidad, han llevado al CC.OO. a iniciar el procedimiento judicial.

El Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares fue implantado por la Junta de Andalucía en el curso 2007/08 en los centros educativos  andaluces. En diciembre de 2012 la Consejería de Educación informó de la eliminación de dicho programa. En los seis años de vigencia, más del 60 por ciento del profesorado que depende de Educación se ha acogido al programa. En la Mesa Sectorial donde tuvo lugar dicho anuncio, CC.OO. exigió a la Administración educativa negociar el procedimiento por el que este programa iba a ser suprimido, puesto que no podían ser eliminados derechos adquiridos por el profesorado que voluntariamente decidió desarrollar dicho programa.

Desde el pasado agosto de 2013, entorno a 20.000 docentes dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte han visto reducido su salario en distintas cuantías, pudiendo alcanzar hasta 2.000 euros anuales. Este recorte es consecuencia de la aplicación de una sentencia sobre el Programa de Calidad, promovida  por el sindicato CGT y aplaudida por USTEA, que impide que el 60 por ciento de los incentivos que se cobran el último año del citado programa, una vez cumplidos una serie de objetivos, se consoliden indefinidamente en el concepto sexenios.

En este sentido, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, José Blanco, “critica que la Consejería de Educación haya eludido su responsabilidad en la interpretación de la sentencia y haya hecho oídos sordos al rechazo del profesorado sobre tan injusta medida y al ofrecimiento de CC.OO. a negociar el procedimiento de supresión del programa y evitar, entre otros, el recorte en los incentivos, que a la finalización del programa afectará a más de 60.000 docentes”.

Cuestión que, según CC.OO., la Administración debería subsanar cuanto antes acordando que dicho complemento sea reestablecido con las debidas garantías en el seno del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Tal como ha venido anunciando, CC.OO. ha iniciado el procedimiento administrativo correspondiente para defender este derecho ante los Tribunales de Justicia al entender que la Consejería de Educación, después de  casi diez meses, todavía no ha dictado nuevas medidas normativas que sean compatibles con la fundamentación de la sentencia del TSJA que anuló determinados preceptos de la Orden del Programa de Calidad vigente, de manera que le permita cumplir con el compromiso de participación pactado con el profesorado que en su día fue publicado en el BOJA.

Hasta hoy no hay respuesta de la Administración al requerimiento administrativo preceptivo antes del contencioso administrativo ni convocatoria de la Comisión de Seguimiento del Pacto de 29 de marzo de 2007 para la mejora el funcionamiento de los centros docentes públicos en la que se enmarca el Programa de Calidad, solicitada por CC.OO.

Por ello, el sindicato va a plantear un recurso contencioso administrativo contra la Consejería de Educación por estar incumpliendo una obligación lícitamente contraída, al no haber articulado hasta la fecha otra medida legal sustitutoria de los artículos anulados por el TSJA para poder cumplir legalmente con su parte.
Esta fuerza sindical recuerda que el acuerdo político-programático entre PSOE-IU que sustancia la acción del Gobierno de Andalucía recoge que ‘se consensuará con  las organizaciones y sindicatos representativos del profesorado un nuevo Plan de Calidad que parta de la experiencia, el análisis y la valoración del actual Plan de Calidad’, otro de punto del citado acuerdo les compromete a ‘desarrollar, mediante una norma de rango de ley, el reconocimiento social y la promoción profesional del profesorado que incluirá la elaboración y la puesta en práctica del Estatuto del Docente’. Así como establecer un nuevo acuerdo de sustituciones del profesorado, una vez que el Gobierno central ha impuesto que las bajas no pueden ser cubiertas antes de los diez días una vez que se produzcan. Según Blanco, “estamos a mitad de la legislatura y nada de lo indicado ha sido desarrollado por el Gobierno de Andalucía”.