La noticia coincide con una importante resolución del Consejo Escolar del Estado, que insta al Gobierno a garantizar la gratuidad de la enseñanza para que las familias no tengan que afrontar más costes derivados de la educación de sus hijos/as.

La ambiciosa expectativa de que los resultados de los comicios europeos hubieran abierto, al menos, una reflexión en torno a la acción de Gobierno, parece haber pasado de largo en el Ministerio de Educación. El ministro José Ignacio Wert, además de alentar abiertamente y sin reparos, junto a su Secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, una cínica campaña de desprestigio contra el profesorado basada en datos sesgados, ha vuelto a crispar a la comunidad educativa con sus declaraciones sobre el copago educativo.

Wert se ha mostrado partidario de "reflexionar" sobre las propuestas incluidas en el informe de reforma fiscal encargado por el Gobierno, que aconsejan incluir el copago en las fases educativas no obligatorias para mejorar la "equidad y justicia" del sistema. Además, ya hemos tenido ocasión de comprobar el singular significado de ambos conceptos para el Ministerio a través de sus perversas políticas de becas y ayudas al estudio, por lo que esta nueva amenaza resulta de extrema gravedad para un sistema educativo exhausto, denostado y manipulado al extremo con normas que sirven para generar exactamente lo contrario: desigualdad.

De llevarse a la práctica esta propuesta, este no sería el primer copago impuesto por Educación, que de forma velada lo ha instaurado en la universidad y la Formación Profesional, donde el precio de las tasas se ha disparado; y al restringir el acceso a la Educación Infantil, paralizando la creación de plazas públicas de 0 a 3 años.

Las declaraciones se producen en el peor de los contextos posibles. Ni siquiera el índice de pobreza infantil, que es la más cruel e injusta de nuestras vergüenzas, ha servido para que este Gobierno deje de planear más recortes sociales a la ciudadanía. El Plan Nacional de Reformas prevé reducir el gasto educativo a un 3,9% del PIB en 2017, y a un 3,4% en 2030, una regresión espectacular de más de 20 años en gasto educativo en nuestro país. También contempla el ahorro de más de 800 millones de euros en la sanidad y la educación que la nueva Ley de “sostenibilidad” de las Administraciones Locales va a recortar a los Ayuntamientos. Con un empobrecimiento social y económico de la clase trabajadora sin precedentes y unos salarios que ya no sacan de la pobreza, ¿cómo se atreve este ministro a decir a las familias que tienen que pagar por la educación? ¿Cómo se atreve después de arrasar los programas de compensación educativa, las ayudas y las becas; después de destinar dinero público a centros que segregan por sexo o ceder el suelo público al mejor postor del negocio educativo privado?

La Federación de Enseñanza de CC.OO. manifiesta su más enérgico rechazo a cualquier forma de financiación de la educación que suponga un coste adicional para los hogares. El Estado debe garantizar la equidad y la justicia a través de la acción de gobierno, por lo que resulta inaceptable que se traslade esa responsabilidad a las familias, sobre todo en un marco de gravísima necesidad, donde la política social es más importante que nunca para garantizar el acceso a una educación de calidad a cualquier ciudadano/a y evitar que sus condiciones sociales o personales supongan un obstáculo.

Para CC.OO., además, esa responsabilidad debe extenderse a toda la educación. En el contexto actual, tal y como no se cansan de advertir los informes nacionales e internacionales más solventes, el nivel de educación que previene realmente la exclusión y la marginación sociolaboral va más allá de la educación obligatoria. Se sustenta en una oferta universal de calidad en todas las etapas educativas, desde los 0 años, y en un concepto del derecho ciudadano a la educación que se extiende a lo largo de la vida.

Resulta sorprendente y revelador que estas declaraciones se produzcan en el momento en que el máximo órgano consultivo de la educación de nuestro país, el Consejo Escolar del Estado, mucho más sensible a las necesidades y demandas de la comunidad educativa, haya instado al Ministerio a garantizar la total gratuidad de la enseñanza.