[04-06-14] CC.OO. lamenta que la nueva FP que la Junta de Andalucía pretende implantar no garantiza la atención a la diversidad
• Educación suprimirá 100 unidades de FP el próximo curso escolar y se mantendrá la ratio a 20 alumnos, según ha anunciado hoy en mesa sectorial la Consejería de Educación.
• CC.OO. critica que se van a producir cambios decididos unilateralmente por la Administración en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras y podrá suponer reducción de unos 200 puestos de trabajo en el sistema educativo.
El próximo curso escolar, con la aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), se verá modificada la actual oferta de Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) transformándose en la nueva Formación Profesional Básica (FP Básica). CC.OO., junto al resto de la comunidad educativa, ha criticado esta transformación porque estos nuevos estudios dificultarán significativamente que el alumnado pueda obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria, volviéndose a un modelo de FP de hace más de 25 años, y poniendo más trabas desde edades tempranas a la igualdad de oportunidades.
Después de la exigencia de CC.OO. de disponer de una Mesa Sectorial en la que negociar la implantación de la nueva FP Básica y de la oferta formativa de FP que se va a implantar el próximo curso escolar, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha convocado dicha mesa de forma extraordinaria para tratar este tema en el día de hoy, donde se ha limitado a exponer los datos sobre cómo llevará a cabo esa transformación.
Según el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, José Blanco, “esta modalidad formativa debe ser expresamente cuidada dado que atiende al sector del alumnado con problemas de integración social y de entornos sociales más desfavorecidos”.
Según Blanco, “resulta una falacia que las instrucciones de inicio de curso elaboradas por la Consejería de Educación califiquen la FP Básica como un programa de atención a la diversidad y a la vez se supriman para el próximo curso escolar 76 unidades públicas de las 826 actuales (9,2%), y 24 unidades concertadas de 212 (11,3%). Lo que supondrá aproximadamente 2.000 plazas menos destinadas a garantizar la atención a la diversidad a una población con mayor índice de fracaso escolar a la cual está destinada. Asimismo, podrá suponer la reducción de entorno a unos 200 puestos de trabajo en el sistema educativo”.
El sindicato critica, además, que con la reducción de unidades de FP planteada por Educación se producirá un traspaso de alumnado con déficit social desde la enseñanza concertada a la pública.
El Estatuto del Empleado Público, según CC.OO., obliga a la administración pública a negociar aquellos aspectos que afectan a las condiciones laborales de los trabajadores, existiendo abundante jurisprudencia a este respecto. La supresión de unidades en la citada FP –ya informada a los centros educativos pero sin negociación previa con los representantes de los trabajadores-, traerá problemas tanto en el empleo como en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Por lo que el sindicato está valorando la utilización de la vía judicial tanto para lo que acontezca a este respecto en la FP Básica como para todas las supresiones y desplazamientos que unilateralmente está llevando a cabo en Gobierno de Andalucía con el profesorado.
La Consejería de Educación no va a posibilitar que todos los docentes maestros que llevan años en programas similares puedan seguir desempeñando estos puestos, una opción de la norma que están asumiendo los gobiernos autonómicos del PP y que obvia la Administración educativa andaluza. Otra crítica que hace el sindicato es que Andalucía está desarrollando una normativa respecto a la FP sin que por ahora exista aún la regulación que debe ser determinada por el Ministerio de Educación.
“Lo que deben hacer los responsables de educación del Gobierno andaluz es negociar dentro de su propio marco competencial –utilizando los vacíos legales que posee la LOMCE-, decretos y órdenes propios que eviten la aplicación de esta ley en Andalucía y con ello que se instauren sus grandes males: la falta de equidad y una escolarización segregadora”, apostilla Blanco.