• La orden no responde al papel de la inspección educativa ante las nuevas necesidades del sistema.
• El sindicato considera fundamental determinar el papel de la inspección educativa no como un elemento exclusivamente fiscalizador.

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha elaborado una nueva orden, aún como texto borrador, que modifica algunos aspectos sobre la inspección educativa.

Para el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, José Blanco, “se debe retirar esta orden y abrir un proceso negociador en la Mesa Sectorial, tanto para la propia orden como para norma que regula el papel de la inspección educativa. El sindicato pide lo mismo que la Consejería demanda al Ministerio de Educación sobre la LOMCE y su desarrollo: negociar”. Es más, continúa Blanco, “es necesario negociar, incluso, el decreto andaluz que regula la inspección educativa en Andalucía y que tiene más de 12 años”.

Desde CC.OO. se critica que la orden elaborada por Educación fomenta la jerarquización sin definir un modelo adecuado de coordinación y no analiza en profundidad el papel de la inspección educativa dentro del sistema educativo andaluz. Pues, con demasiada frecuencia este servicio educativo se utiliza como instrumento político y no como un elemento positivo para mejorar la calidad educativa.

El sindicato considera fundamental determinar el papel de la inspección educativa, no como elemento exclusivamente fiscalizador, y más especialmente cuando tareas que corresponden a la inspección se bifurcan en diferente normativa, caso, por ejemplo, de la Agencia Andaluza de la Evaluación Educativa  o la futura ley de FP Profesional, en cuyo borrador, que ya ha sido presentado igualmente sin negociación previa, se introducen aspectos relativos a la inspección desde la perspectiva de empleo, sin definirse su coordinación con la inspección de educación.”

Asimismo, CC.OO. lamenta que esta orden se ha realizado para dar fórmula legal a los nuevos procesos de adscripción de los inspectores e inspectoras de educación a las zonas educativas que determine unilateralmente la administración educativa, impidiendo así que normativamente éstos puedan realizar reclamaciones a los procesos que se produzcan.