• La Junta de Andalucía ha recortado en un 10% el presupuesto del ‘Programa Labora’, destinado a la orientación, asesoramiento e inserción social de jóvenes del sistema de protección de menores.
• El sindicato teme que si no se restituye lo recortado serán los trabajadores y trabajadoras del programa los que verán recortados sus salarios hasta límites intolerables.

La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía viene manteniendo, desde hace más de quince años, a través de un convenio con una entidad colaboradora el ‘Programa Labora’, un servicio de orientación, asesoramiento e inserción social de menores y jóvenes del sistema de protección de menores. La prestación de dicho servicio obedece a lo marcado por la Ley 1/1998 de Derechos y Atención al Menor en Andalucía.

La licitación pública para su gestión se publicó en el BOJA el pasado 7 de octubre de 2014, siendo presentada por la Consejería como un servicio optimizado y mejorado, ello, según critica CC.OO., pese a haber recortado en más de un 10% su presupuesto.

Según se indica desde la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, lo sorprendente y a la vez incompresible de la actuación de la Junta de Andalucía es que con una lectura interesada de la Ley de Contratos del Sector Público le ha sustraído al programa el citado diez por ciento de la partida presupuestaria asignada con respecto a la anterior adjudicación. “Nuevamente nos encontramos con el discurso del Gobierno andaluz sobre su apoyo a las políticas sociales que choca con la flagrante realidad del desmantelamiento progresivo de estas”, se apunta desde el sindicato.

Teniendo en cuenta que en torno al 80% del montante de la adjudicación está destinado a salarios, CC.OO. teme que si la Junta no rectifica este recorte --pues no está justificado, ni por los presupuestos de Andalucía ni por los de Estado, ni por la exigencia de la Consejería de Economía y Hacienda, ni por motivos fiscales--, la treintena de profesionales que atienden este servicio --que  recibieron de la propia administración en 2009 el “Premio Andaluna de atención a la infancia” por su magnífica labor--, verán recortados sus salarios hasta unos límites intolerables e injustos, cuya justificación de precarización sólo encuentra amparo legal en la reforma laboral a la que el Gobierno andaluz sigue dando cobertura a la vez que la critica.