Comisiones Obreras lanza el martes día 3 de febrero la campaña "SUSANA, ME LA DEBES Y LO SABES" para exigir a Susana Díaz, Presidenta de la Junta de Andalucía el abono de los 44 días (que supone entre 250 y 800€), al igual que están haciéndolo en otras comunidades autónomas, entre otras medidas se pone en marcha una recogida de firmas por parte del personal que presta sus servicios en la administración autonómica, que se entregará a la señora consejera de Hacienda y se trasladará el malestar con las medidas adoptadas por su consejería y exigir el abono inmediato de los 44 días devengados.

En julio de 2012 se aprobó el RDL 20/2012, donde el gobierno central “congeló” parte de los derechos retributivos, entre ellos la paga extraordinaria del segundo semestre del año, aplicando una retroactividad al devengo correspondiente al mes de junio hasta el día 14 de julio. La Junta de Andalucía, consolidó esta normativa en la Ley 3/2012.

El Gobierno central estableció, como normativa aplicable básica, por Decreto para todos los ámbitos de la Administración Pública la supresión de esta paga extraordinaria y ahora lo establece como optativo: «cada administración, en su ámbito, podrá aprobar el abono de las cantidades en concepto de recuperación de importes efectivamente dejados de percibir, con el alcance y límites establecidos en la presente disposición».

La Junta de Andalucía, ni siquiera se digna a comentar el tema, sólo indica que no contempla el abono de los 44 días, anunciando que nos “devolverá los conceptos retributivos “congelados”, o sea, la paga adicional. Bien sabe la señora presidenta y la señora consejera de Hacienda que existen numerosas sentencias que reconocen esta medida como injustificada y que no puede haber efectos retroactivos en tema económico.

Así nos encontramos con sentencias que consideran ilegal la supresión de la totalidad de la paga extraordinaria suprimida o “congelada” y otros por la parte proporcional correspondientes a los días devengados con anterioridad al 15 de julio de 2012. Los Tribunales Superiores de Justicia, incluido el de Andalucía han remitido distintos recursos que declaran ilegal la supresión al Tribunal Constitucional.

En Andalucía, se han presentado en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía demanda de conflicto colectivo el 28 de mayo de 2013 y en el Juzgado de los Contencioso-Administrativo nº 2, procedimiento abreviado 305/2013, admitiéndose la demanda el día 2 de septiembre de 2013.