• El sindicato crítica que este tipo de evaluación no sirve para la detección de problemas o para la mejora del aprendizaje del alumnado.
• CC.OO. considera que no se deben dilapidar los recursos económicos destinados a la educación en pruebas que no aportan nada.

La LOMCE y el Real Decreto que establece el currículum básico de la Educación Primaria determinan las pruebas externas y las competencias y los estándares de aprendizaje a evaluar dejando que cada administración educativa pueda utilizar además su propia referencia legal. En el actual curso escolar se llevarán a cabo por primera vez en tercero de Primaria, permitiéndose que cada Comunidad Autónoma decida sobre el calendario de aplicación, indicándose como más adecuado el mes de mayo, evitándose con ello que coincidan con la prueba de junio y con la elaboración de los informes individualizados.

Según denuncia el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, José Blanco, “este tipo de evaluación no sirve para la detección de problemas o para la mejora del aprendizaje de nuestros estudiantes, ya que será utilizado como instrumento de clasificación del alumnado, exclusión de los que no tienen buenas capacidades o no se esfuerzan y obviando la responsabilidad que el propio sistema educativo tiene en el fracaso escolar”.

Además, añade Blanco, “los criterios de evaluación, al ser comunes a todo el Estado, ignoran las realidades del alumnado lo que marginará a los que pertenecen a entornos sociales más desfavorecidos. Ningún sistema educativo de calidad evalúa de modo aséptico”.

Según CC.OO., es grave que estas pruebas deban ser aplicadas y calificadas por profesorado externo tal como determina el artículo 144 de la LOMCE, y denuncia que algunas Comunidades Autónomas están licitando estos servicios con empresas externas. Determinación que el sindicato espera no lleve a cabo la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de Andalucía si, tal como dice, desea paliar la aplicación de LOMCE, pues, además de lo anterior supondría destinar dinero público a algo que no revertiría en ningún caso, en la mejora de la calidad del sistema educativo andaluz.

CC.OO. pone como ejemplo de lo que no se debe hacer a la Comunidad de Madrid, que ha licitado las pruebas de Inglés con un presupuesto de más de 4 millones de euros, un gasto injustificable en el actual marco de recortes que está padeciendo la educación y que pone de manifiesto la real intención de esta norma.

El artículo 147 de la LOMCE determina que los resultados de las evaluaciones deben ser puestos en conocimiento de la comunidad educativa. Ello, según el sindicato, trae consigo el riesgo de estigmatización y de creación de un ranking de centros. Por tanto, esperamos que Andalucía evite este despropósito presentado estos resultados sólo de modo global”, señala Blanco.
Para CC.OO. la evaluación del sistema educativo en su conjunto debe ser un elemento que ayude a detectar carencias, estableces las correcciones pertinentes y mejorar hacia la calidad educativa y la equidad, no para avanzar en la discriminación social y académica en virtud de resultados que no contemplan las variables que intervienen en el hecho educativo.

La acción del sindicato contra estas pruebas no será proponer al profesorado la insumisión, por las consecuencias legales que ello puede provocarle, pero sí habrá reuniones con las asociaciones de padres y madres a las que CC.OO. propondrá realizar actuaciones conjuntas con el objetivo de evitar que la Administración andaluza dilapide los escasos fondos de la escuela pública en unas pruebas que nada van a aportar al alumnado.