El sindicato defiende el permiso de los candidatos y candidatas como parte del derecho de sufragio activo, pero también el derecho a la educación del alumnado que durante los quince días de campaña electoral.

El personal al servicio de la Administración andaluza tiene reconocido el derecho a ausentarse de su puesto de trabajo, durante los quince días que dura la campaña electoral, cuando forma parte de una candidatura política. CC.OO. valora el que muchos docentes sean candidatos a los distintos ayuntamientos de nuestra Comunidad, pues supone un ejercicio de compromiso con el bien común.

No obstante, CC.OO. no puede sino criticar duramente el que estas ausencias del profesorado, que son conocidas con suficiente antelación por parte de la Administración no sean cubiertas, no ya desde el primer día, sino en la mayoría de los casos, en ningún momento.

Según el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, José Blanco, “la participación de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza en la vida política de los pueblos y ciudades andaluzas es común, saludable y deseable, y son señal del grado de implicación que los docentes tienen más allá de las paredes del centro escolar, es por eso que son muchas las escuelas e institutos que dejarán de contar estos quince días con alguno de sus docentes”.

El sindicato señala que hay centros dónde hay más de un candidato o candidata, y por tanto se verán muy afectados por la falta de previsión de la Administración que otorga los permisos, al que por supuesto tienen derecho sus empleados y empleadas, sin valorar las consecuencias que éste tiene para el conjunto del sistema educativo.

CC.OO. aboga por una coexistencia de ambos derechos, el permiso de los candidatos y candidatas como parte del derecho de sufragio activo, pero también el derecho a la educación del alumnado que durante estos 15 días dejará de recibir sus clases con normalidad, siendo el resto de docentes del ce centro quienes tendrán que asumir la sobrecarga de trabajo de los centros afectado.

“Estamos ante una situación que tiene fácil solución si la Consejería de Educación tuviera voluntad. Pero la cicatería de esta Administración y el sistema de sustituciones que rige serán responsables de que el ejercicio de un derecho por parte de un docente sea causa de malestar en el resto de la comunidad educativa”, lamenta Blanco.