CC.OO. denuncia que no existe ni la más mínima previsión de devolución de las cantidades recortadas en el año 2012 que los y las profesionales de este sector también soportaron.

El Anexo IV del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 -que regula con carácter general los Módulos de Conciertos Educativos- tiene una previsión de crecimiento del 1% sobre su valor actual. Ese 1% afecta por igual a todas las partidas que conforman el módulo del concierto, salarios y cargas sociales, personal complementario para la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, gastos variables y "otros gastos", y a todos los niveles educativos como en su valor general -que es la referencia mínima de aplicación obligatoria por las comunidades Autónomas y que utiliza un número significativo de estas-. También es el previsto para el ámbito de gestión directa del propio Ministerio en Ceuta y Melilla, que se rige por el Anexo V del Proyecto, y en el que extraña la desaparición de toda alusión a las distintas situaciones salariales del profesorado de 1º y 2º de la ESO en función de su titulación, como se recogía en años anteriores.

El incremento del 1% es acorde con el general que se va a aplicar a los empleados públicos. Pero, para los trabajadores y las trabajadoras de la enseñanza concertada, no existe ni la más mínima previsión de devolución de las cantidades recortadas en 2012, ni siquiera en su ámbito de gestión específico de Ceuta y Melilla, lo que da idea de las dificultades que van a existir para que esa recuperación también se dé en el conjunto de la concertada, que depende por igual de los Presupuestos Generales del Estado, pese a que el artículo 117.4 de la LOE mandata la equiparación con el profesorado de la Enseñanza Pública del mismo nivel educativo.

Significa, además, que al menos en el ámbito de aplicación del VI Convenio mayoritario de la Enseñanza Concertada, conforme a lo dispuesto en ese convenio, los salarios del profesorado en 2016 serán inferiores, casi en un 1%, a los que hubo en 2008. Por ejemplo, el módulo para salarios y cargas de seguridad social para los niveles concertados de Educación Especial, Infantil y Primaria va a ser, en 2016, de 27.755,15 euros, mientras que en 2008 ascendió a 28.000,16 euros.

Igualmente, la subida del 1% en la partida de gastos variables que manejan las administraciones educativas para abonar los trienios, paga de antigüedad, incapacidad temporal o función directiva de los centros va a profundizar los problemas de pérdida de derechos que se están produciendo en bastantes comunidades autónomas como consecuencia de los dispuesto en el VI Convenio, mayoritario del sector, que CC.OO. no firmó.

Otro tanto supondrá el incremento del 1% en la partida de Otros Gastos con la que los centros abonan los salarios del personal de administración y servicios y se atiende el mantenimiento de los centros. Con ello se seguirá facilitando que muchos centros soliciten a las familias apoyo económico, que es contrario al principio de gratuidad de la educacción.

En este sentido, CC.OO. denuncia que la legislatura termina sin que el Gobierno del Partido Popular haya convocado, ni una sola vez, a la Comisión de Estudios prevista en la Disposición Adicional 29ª de la LOE, que tiene como objetivo central la revisión de los módulos para asegurar esa gratuidad y el cumplimiento global de las disposiciones de la LOE con la Enseñanza Concertada. Ante la petición unánime de los sindicatos del sector, en la única reunión celebrada con los mismos, en octubre de 2014, el Ministerio se justificó en que estaban muy avanzados unos estudios sobre costes, que nos serían presentados de forma inmediata. Pero el curso ha finalizado con un engaño más del Gobierno del PP.
 
Por último, la única modificación que figura en el artículo 14 del Proyecto para 2016 -que fija las normas de gestión de los Presupuestos docentes en estos centros- es la que se refiere a la implantación del 2º curso de la FP Básica y la desaparición de los PCPI para los que no existe ninguna previsión transitoria de qué hacer con el alumnado que no haya finalizado dichos estudios. También desaparece la frase final, prevista en los PGE del 2015 (artículo 15 de entonces), alusiva a que lo dispuesto en los presupuestos era plenamente aplicable a los centros que imparten educación diferenciada, posiblemente al entender que es algo ya implícito en la actual LOMCE.