• Según el sindicato, son 842 trabajadores y trabajadoras quienes desempeñan su labor en 758 centros docentes de la Consejería de Educación pero cuya contratación se realiza a través de empresas privadas.
• CC.OO. pide a la Junta de Andalucía que exija a las empresas cumplir con los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras que contratan.

El colectivo de monitores y monitoras contratados a través de empresas privadas para atender al alumnado con necesidades educativas especiales en los centros educativos públicos en Andalucía, va a llevar a cabo una concentración en defensa de sus derechos laborales y de sus puestos de trabajo el próximo 9 de septiembre a las puertas de la Consejería de Educación en Sevilla.

CC.OO. apoya dicha movilización al mismo tiempo que denuncia, una vez más, la privatización de los servicios educativos que está llevando a cabo la Junta de Andalucía. Pues, según el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, José Blanco, “la subcontratación de los servicios educativos a través de empresas privadas está generando miles de empleos en precario”.

Desde el sindicato se recuerda que el curso pasado este colectivo convocó huelgas y otras acciones reivindicado el cumplimiento de sus derechos laborales en cuanto a salarios o clasificación profesional, tal como están recogidos en el convenio colectivo de aplicación en el sector. Igualmente, estas movilizaciones denunciaban el impago de salarios sufrido por el personal de una empresa subcontratista en Málaga.

CC.OO. pide a la Junta de Andalucía que vigile a las empresas adjudicatarias de los servicios y les exija el respeto a los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras que subcontratan. Para José Blanco, “lo deseable en estos casos es que si el servicio cuando es prestado por personal propio de la Administración --supone una duración de contratos anual, a jornada completa y con determinado salario--, cuando el servicio está privatizado el personal que lo realiza tenga unos contratos similares en cuanto a la duración anual, jornada y salario. Ello es necesario de la misma manera que es necesario que estos puestos sean creados como públicos en la propia RPT de la Consejería de Educación”.

Asimismo, CC.OO. denuncia que este colectivo, formado por 842 personas que desempeña su labor en 758 centros docentes de la Consejería de Educación, teme por la conservación de sus puestos de trabajo porque a pesar de poseer la inmensa mayoría titulaciones universitarias, la titulación exigida por Educación es distinta a la que poseen y no se han convocado procedimientos suficientes de reconocimiento de su cualificación profesional por parte de la propia Consejería de Educación que tiene atribuida tal competencia, lo que les permitiría permanecer en sus puestos de trabajo”. Por ello, continúa Blanco, “CC.OO. exige de la Consejería una moratoria en la exigencia de titulación específica que les permita su cualificación y la obtención del certificado de profesionalidad específico por el reconocimiento de su experiencia laboral”.