El nuevo empleo que se crea es precario y de bajos salarios, por lo que no está aumentando los ingresos por cotizaciones en la misma medida que aumenta la contratación. CC.OO. advierte que los 17 millones de trabajadores no pueden ser quienes financien en exclusiva las políticas de empleo. Si se piensa que las “tarifas planas” son útiles deben convertirse en bonificaciones financiadas por el Gobierno con cargo a la imposición general del conjunto de la sociedad.

La disposición de 7.750 millones de euros del Fondo de Reserva anunciada hoy por el Secretario de Estado de la Seguridad Social para poder hacer frente al pago de la nómina extraordinaria de las pensiones de navidad, sitúa la previsión de déficit de la Seguridad Social en una cuantía que apunta al 1,5% del PIB, muy alejada de la previsión del 0,6% que hacían los Presupuestos Generales del Estado a principio de ejercicio. Hemos de tener en cuenta que además de esta nueva disposición, la paga extraordinaria de de las pensiones de verano exigió la disposición de 3.750 millones de euros del Fondo de Reserva junto con 3.255 millones de euros del Fondo de contingencias profesionales de las Mutuas de Accidente de Trabajo.

El aumento de la afiliación a la Seguridad Social que el Gobierno se empeña en proyectar como un éxito en realidad no está suponiendo un aumento significativo de ingresos por cotizaciones sociales, debido a la precariedad y los bajos salarios del nuevo empleo generado. El aumento de la afiliación en el último año, 527.000 afiliados (3,16%), no se ve acompañado por un aumento de los ingresos en la misma proporción (0,94%) que, de hecho, es un 9% menos de lo que preveía el propio Gobierno en los Presupuestos de 2015.

Por todo ello, el consumo anticipado del Fondo de Reserva al que estamos asistiendo (del que ya hemos consumido el 50% sólo en la última legislatura) resulta totalmente incongruente con el anuncio hecho por Mariano Rajoy de que las políticas de fomento del empleo insistirán en las “tarifas planas” de cotización a cargo de una menor recaudación del sistema. En este sentido, hemos de señalar que la propia AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) cuantificaba que sólo hasta mediados del 2015 el coste de las distintas tarifas planas implantadas se situaba en 2.457 millones de euros, por lo que insistir en estas medidas no hará sino empeorar la situación de déficit del sistema de Seguridad Social.

Para CC.OO. resulta prioritario que cualquier propuesta política que pretenda utilizar las fórmulas de bonificación en las cotizaciones como fórmula de fomento del empleo, debe pasar por asegurar que dichas cotizaciones se pagan con cargo a la partida presupuestaria del correspondiente Ministerio. Y en ningún caso debe hacerse, como ahora ocurre, responsables últimos y exclusivos del pago de estas políticas de empleo a los 17 millones de trabajadores que actualmente ven perjudicado el patrimonio que supone sus cotizaciones, ni tampoco los 9 millones de pensionistas que están sufriendo la imposición de un nueva fórmula de revalorización de pensiones con el argumento de la dificultad económica que atraviesa el sistema.