Para el sindicato son despidos injustificados e innecesarios. Al respecto, La Consejería de Justicia responde que dicho asunto no es de su incumbencia, a pesar sostener presupuestariamente este servicio público.

Recientemente GINSO, entidad que gestiona varios centros de internamiento de menores infractores, ha despedido a doce trabajadores que desarrollaban su labor en cuatro de los centros que tiene en Andalucía –dos de estos centros están en Huelva, uno en Sevilla y uno en Algeciras—, cuya gestión le ha sido adjudicada por la Consejería de Justicia en recientes concursos públicos, entre diciembre de 2015 y enero de 2016.  
 
Según CC.OO., en la práctica totalidad de los despidos la entidad sin ánimo de lucro ha alegado causas económicas, a pesar de que las partidas presupuestarias destinadas para dichos centros se han mantenido o incluso incrementado como ocurre en el caso del centro La Marchenilla, ubicado en Algeciras.
 
Para el sindicato, estas decisiones empresariales arbitrarias atentan contra lo que debe ser el verdadero sentido de las políticas públicas, cuya función primordial es proteger y garantizar la justicia social y la igualdad.  
 
En el caso de los doce despidos en GINSO, alegar causas económicas -aunque el sistema lo permita- para despedir a trabajadores que atienden servicios públicos cuyas partidas son finalistas y que recibe puntualmente las cuantías presupuestariamente acordadas—, según CC.OO., debería haber habido una respuesta inmediata y contundente por parte de la Junta de Andalucía defendiendo a los trabajadores pero ha ocurrido lo contrario, alegando que no es de su incumbencia.
 
A este respecto, CC.OO. critica la actitud de la Junta de Andalucía que elude su responsabilidad con los andaluces y las andaluzas, permitiendo a las entidades colaboradoras, que contratan con la Administración, gestionar el dinero público con criterios meramente empresariales, olvidando que esos fondos tienen que repercutir en el interés común.  
 
Por todo ello, CC.OO. exige a GINSO la readmisión de los trabajadores y a la Consejería de Justicia un riguroso control económico sobre las entidades que gestionan los Centros de Reforma Juvenil en Andalucía.