Por este motivo, el sindicato exige cesar, de manera inmediata, la contratación del Servicio de atención al alumnado con necesidades educativas especiales mediante empresas privadas, así como, reclama convertir los 850 puestos de trabajo generados mediante esa privatización en empleo público.

Con motivo de la demanda que los servicios jurídicos de CC.OO. han interpuesto, en todas las provincias andaluzas, denunciando a la Consejería de Educación, a la Agencia Pública Andaluza de Educación, así como, a las empresas adjudicatarias del Servicio de atención al alumnado con necesidades educativas especiales, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en una reciente sentencia, ha condenado a la Junta de Andalucía por practicar la cesión ilegal de trabajadores en los centros docentes públicos de la comunidad.
 
En esta sentencia, dictada por la Sala de lo Social del máximo Tribunal andaluz, informa CC.OO., se afirma que “la finalidad de dicha cesión ilegal es evitar que la relación laboral de la demandante se rija por el VI Convenio del personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, mucho más favorable para la demandante, que el convenio colectivo que se le viene aplicando, tanto en su retribución como en sus vacaciones anuales”.  
 
Igualmente se señala que “de esa cesión ilegal se deriva un perjuicio evidente al Servicio Público de Empleo Estatal que, por la dinámica de dicha cesión ilegal, viene obligado a abonar a la demandante prestaciones por desempleo más o menos durante los meses de julio y agosto de todos los años”.
 
Desde CC.OO. se indica que la sentencia pone en evidencia la actuación que durante años viene desarrollando la Junta de Andalucía con respecto a la externalización de este servicio educativo, por la se genera un perjuicio para los trabajadores y trabajadoras, así como al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Tanto es así, se indica desde el sindicato, que la Junta viene contratando a los trabajadores durante diez meses al año en lugar de doce, y, con ello, está cometiendo un fraude que a la vez causa perjuicios al propio SEPE, de lo cual el propio TSJA remitirá testimonio al citado organismo.
 
Igualmente, CC.OO. resalta otro fragmento de la sentencia donde se recoge que la Sala, después de analizar la Ley Orgánica de Educación (LOE) y la Ley de Educación de Andalucía (LEA), concluye que “el profesorado y el personal cualificado para atender al alumnado con necesidades educativas especiales es un personal estructural de los centros públicos de educación; y de que, en consecuencia, la competencia para su contratación corresponde a la Consejería de Educación”.  
 
De acuerdo con lo dictado por el TSJA, CC.OO. exige el cese de manera inmediata de la contratación de este servicio mediante empresas privadas y la conversión en empleo público de los 850 puestos de trabajo generados mediante esa privatización –con contrataciones a jornada completa y duración anual—, dando a la vez soluciones laborales al personal afectado.
 
CC.OO. pide a la Consejería de Educación no recurrir la sentencia al Tribunal Supremo, pues ello vendría a generar más gastos al erario público y alargaría la precaria situación laboral de estos 850 trabajadores y trabajadoras.
 
En caso de no atender la Junta de Andalucía lo requerido por CC.OO., éste promoverá, entre los trabajadores y trabajadoras, acciones de protesta que acompañaran los actos convocados tanto por la Consejería de Educación como por la propia Junta de Andalucía.