• El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía da la razón a CC.OO. sobre este aspecto.
• El sindicato ya advirtió en su día sobre esta anomalía en los pliegos de licitación, pero no fue atendida por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

Una reciente resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA) da la razón a CC.OO. ante el recurso planteado por esta organización sindical, el pasado mes de mayo, contra los pliegos de licitación de los centros de protección de menores en la provincia de Sevilla.  
 
Según el sindicato, dicho recurso estaba basado en la no inclusión de la subrogación de los trabajadores --requisito legal al que obliga la Ley de Contratos del Sector Público y el Convenio Colectivo Estatal-- ni de la cobertura de dotación del personal mínimo.  
 
Según el Secretario General de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, Diego Molina, en su día, “resultó inaudito que la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales no atendiera nuestras indicaciones previas a la publicación de la licitación sobre el cumplimiento de sus obligaciones en materia de contratación públicos”. “Y --continúa el dirigente sindical--, ahora, el citado tribunal atiende el requerimiento de CC.OO. suspendiendo el concurso público y obligando a la Administración a volver a tramitar la oferta pública incluyendo la subrogación de los trabajadores, así como la cobertura del personal mínimo”.
 
Igualmente, el sindicato lamenta la advertencia de la Delegación Territorial de Sevilla, a todas luces fuera de lugar, a las entidades licitantes sobre –en caso de prosperar el recurso planteado por CC.OO.-- el grave perjuicio económico que les ocasionaría.
 
Una vez conocida la resolución, CC.OO. se congratula porque el TARCJA haya impuesto la cordura y restituido el derecho de este colectivo –formado por unos 300 trabajadores y trabajadoras— sobre la inclusión de la subrogación en los pliegos administrativos, un hecho de suma importancia para garantizar sus puestos de trabajo y sus condiciones laborales.
 
“La Junta de Andalucía no puede obviar que los concursos públicos deben garantizar y proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras y, en este caso, de los usuarios. No obstante, si lo obvia desde COOO estaremos vigilantes para que esto no ocurra poniendo en liza todos nuestros recursos humanos y jurídicos”, apostilla Molina.