El sindicato denuncia que el recurso además de suponer un freno a la recuperación de derechos, puede paralizar la creación de 5.000 plazas de profesorado y más de 1.000 de personal de administración y servicios en los centros educativos andaluces en los próximos dos años. CC.OO. pide la convocatoria de la Mesa General de la Función Pública para que la recuperación de derechos de los trabajadores y trabajadoras andaluces sea posible.

El Gobierno de España ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el decreto ley de la Junta de Andalucía que permite devolver la jornada laboral de 35 horas semanales a los más de 270.000 empleados públicos andaluces, entre ellos casi 100.000 docentes y 13.500 trabajadores de administración y servicios de los centros educativos públicos. Además, el Gobierno recurrirá igualmente los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2017, al posibilitar estos la contratación de personal para llevar a cabo esta medida, una medida que fue suscrita en la Mesa General de la Función Pública andaluza por las organizaciones sindicales, CC.OO. entre ellas.
 
Según el Secretario General de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, Diego Molina, “este recurso, de llegar a prosperar, puede suponer la paralización en la creación de 5.000 plazas de profesorado e impedir el crecimiento de alrededor de 1.000 plazas de personal de administración y servicios en los próximos dos años y que tanto necesita la educación pública andaluza.”
 
Para Molina, “el recurso del Gobierno de Rajoy – presentado con premeditación y alevosía al plantear el recurso en verano y cuando está a punto de finalizar el plazo legal para ello—, va a dañar la calidad de los servicios públicos; el empleo en Andalucía, ya de por sí castigado; y más concretamente, va a dañar a la educación andaluza y a sus trabajadores y trabajadoras”.
 
El sindicato critica la decisión del Gobierno de España tomada contra un Decreto Ley y contra los presupuestos de una comunidad autónoma cuya Presidenta posibilitó, con su defensa de la abstención de su partido, la investidura del Presidente del Gobierno. “Así son de torpes algunos y así se la juegan otros”, asevera el dirigente sindical.
 
Con motivo de lo acontecido, Molina considera necesario que la Junta de Andalucía reúna la Mesa General de la Función Pública andaluza para buscar vías por las que las distintas Administraciones, incluida la educativa, desarrollen medidas de consenso que permitan fórmulas para que la recuperación de derechos de los trabajadores de la enseñanza sea posible.  
 
“Ante la presentación de este recurso, el Gobierno de España se va a encontrar frente a frente con CC.OO., pues no vamos a quedar impasibles ante este despropósito e iniciaremos movilizaciones por la recuperación de unos derechos que son de justicia y que suponen un crecimiento de empleo necesario para la educación andaluza”, apostilla Molina.