Se han concentrado a las puertas de la Consejería de Educación para rechazar los continuos incumplimientos del convenio colectivo y de lo acordado en los pliegos de licitación referente a este personal por parte de las empresas adjudicatarias del servicio. Además, exigen a la Administración educativa que les garantice la posibilidad de adquirir el certificado de profesionalidad necesario para desarrollar su trabajo.

La concentración ha tenido lugar a las puertas de la Consejería de Educación en Sevilla, en ella han participado varios cientos de monitoras de educación especial externalizadas procedentes de las ocho provincias andaluzas. En el trascurso de la movilización, según indica CC.OO., se ha dado lectura a un manifiesto y registrado un documento en el que exigen mejoras en sus condiciones laborales y garantías en el mantenimiento del empleo.
 
En la actualidad son unas 900 monitoras y monitores de educación especial los que desarrollan su labor en casi 800 centros docentes de titularidad pública de la Junta de Andalucía contratados a través de empresas externas de forma discontinua y por periodos de 10 meses.  
 
Según el Secretario General de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, Diego Molina, “este personal está condenado a denunciar de forma constante sus precarias condiciones laborales, el incumplimiento del convenio colectivo de aplicación e, incluso, incumplimientos de los pliegos de licitación”. 

“Además –añade Molina—, cada final de curso estas monitoras, pues es un sector fuertemente feminizado, pasan a situación de desempleo cuando la necesidad de cubrir sus puestos de trabajo es evidente al inicio del curso siguiente, por ello, CC.OO. exige a la Junta que su contratación sea de jornada a tiempo total y año completo”.   
 
Para el sindicato, la precarización laboral que sufre el sector es consecuencia de la apuesta de la Junta de Andalucía por la externalización de servicios en la educación pública, sin tener en cuenta la repercusión negativa que tiene sobre los trabajadores y trabajadoras.
 
Igualmente, desde CC.OO. se lamenta que haya que sumar otra preocupación más a este personal, y es que la Consejería de Educación es la responsable de garantizar la posibilidad de adquirir la cualificación profesional a estas trabajadoras mediante certificado de profesionalidad, garantía formativa que no se da en la actualidad. Para ello, la Administración educativa debe convocar plazas en número suficiente o bien prorrogar la moratoria actual, pues, de no ser así, su despreocupación puede desembocar en despidos ya que en las licitaciones se exige dicho certificado.  
 
“El sindicato espera que las reivindicaciones de este colectivo sean atendidas, pues supone una buena oportunidad para aplicar lo que en tantas ocasiones la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha declarado ser su preocupación: “crear empleo y que sea de calidad”, apostilla Molina.