Las centrales sindicales manifiestan su rechazo a los mini empleos en los colegios públicos andaluces. Ante la falta de respuesta de la Administración han tenido que acudir a la vía judicial para reclamar derechos básicos.

CC.OO. y UGT se concentran este martes 5 de diciembre ante Función Pública en Sevilla, para exigir, entre otros, el reconocimiento de la experiencia profesional del colectivo de monitoras y monitores escolares.

En los centros docentes de titularidad de la Junta de Andalucía, a fecha de hoy, trabajan 632 monitores y monitoras escolares contratadas a tiempo parcial por la Consejería de Educación, con jornadas de 8, 12, 16 o 20 horas semanales. Además, de estos puestos 427 son discontinuos con contratos de 10 meses al año.

Las centrales sindicales alertan de la situación laboral desfavorable y desigual de este colectivo y que urge solucionar, “para los centros supone un problema organizativo ya que este personal del sector público, tiene que disfrutar sus vacaciones durante el periodo lectivo del curso escolar, lo cual repercute en la gestión que se lleva a cabo en los colegios”. Las propias Delegaciones Territoriales de Educación se ven afectadas por estas particularidades, dada la burocracia añadida que supone cada final e inicio de curso gestionar los ceses, certificados de empresa o las altas y bajas en Seguridad Social, entre otros.

CC.OO. y UGT lamentan “la realidad laboral injusta y desigual de estas trabajadoras y trabajadores, ya que en los centros escolares existen cargas de trabajo suficientes para que su jornada de trabajo sea normalizada y se equipare a la del resto del personal que trabaja en los centros escolares de la Consejería de Educación, es decir a jornada y año completos”.

Los sindicatos califican de vergonzoso que “la propia Junta sea cómplice de contribuir al aumento de las listas del paro y consentir contratos de 8 horas semanales, en vez de contribuir al empleo de calidad en la educación pública por la que tanto aboga. “No podemos permitir que existan en la educación pública andaluza contratos precarios, cuando existen motivos funcionales de sobra para transformar estos puestos en empleos públicos de calidad” se indica. Como sindicatos de clase “no podemos obviar los problemas socioeconómicos que tiene este colectivo altamente feminizado, del cual casi un 90% son mujeres, y que aumentan las listas del paro cada 30 de junio”.

Asimismo, UGT y CC.OO. denuncian que este colectivo reclamó por la vía reglamentaria el reconocimiento de toda su experiencia laboral, y que al no obtener respuesta interpusieron demandas judiciales. Estos juicios les han sido favorables y se han ratificado por el TSJA, por lo que “no entendemos que se sigan celebrando juicios y recurriendo sentencias, cuando existen tantas sentencias favorables. Es preciso racionalidad y voluntad política, dado que este reconocimiento laboral no produce coste alguno para la administración, pero sí son un cargo las costas judiciales, el tiempo empleado y los recursos humanos que han de dedicarse durante todo el proceso judicial”.

La falta de este reconocimiento pone en clara desventaja a este colectivo, por ejemplo, cuando vengan procesos como el acceso a un puesto de carácter fijo. A esta desventaja se une la de la parcialidad de sus horas y la condición única en la Consejería de Educación de discontinuidad.

Finalizan ambos sindicatos asegurando que continuarán reivindicando los derechos de este colectivo “vulnerable y en clara desventaja con el resto de personal de su categoría, hasta que se vayan restableciendo”. “Esperan que la Junta tome el camino, que tanto anuncia, de empleo público de calidad y no tomen la precariedad como ‘modus operandi’ en la creación de puestos de trabajo”, finalizan diciendo.