[25-04-18] CC.OO. impugna ante la Audiencia Nacional la vigencia y aplicación del Real Decreto-Ley de Recortes en Educación
Además, en Andalucía, CC.OO. Enseñanza ha presentado requerimiento a la Consejería de Educación.
CC.OO. ha impugnado ante la Audiencia Nacional la vigencia y aplicación del Real Decreto-Ley 14/2012 ante el silencio administrativo del Ministerio de Educación, al que el sindicato realizó un requerimiento previo.A raíz de esta impugnación, la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, ha presentado igualmente, y ante la Consejería de Educación, requerimiento para que dejen de aplicarse las medidas contempladas en este Real Decreto-Ley en tanto que los argumentos esgrimidos para su aplicación han dejado de estar vigentes.
Según el Secretario General de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, Diego Molina, “el Real Decreto de recortes supuso un duro varapalo para el sistema educativo español”. “Entre otras medidas de carácter excepcional, el Gobierno de España aumentó el número de estudiantes por aula en la enseñanza no universitaria, tanto en los centros públicos como concertados, incrementó la jornada docente, amplió a dos semanas el plazo para la sustitución temporal del profesorado y demoró la implantación de los planes de reordenación de la Formación Profesional”, añade Molina.
En España, la ampliación de la jornada lectiva y la reducción de la tasa de reposición del profesorado al 10%, provocaron la destrucción de casi 33.000 plazas docentes en apenas un año y medio, además, las jornadas parciales crecieron un 30 % y la temporalidad se disparó, haciendo que, en la actualidad, uno de cada cuatro docentes se encuentre en situación de interinidad y que se hayan suprimido numerosos puestos laborales y de administración y servicios que, en muchos casos, están siendo cubiertos, en precario, por personal privatizado a través de empresas externas. Molina informa que “en Andalucía este hecho ha provocado que existan actualmente más de 18.000 docentes interinos, que se perdiesen alrededor de 5.000 puestos docentes o que existan ya más trabajadores de administración y servicios en los centros educativos privatizados mediante empresas externas que personal propio de la Junta de Andalucía”.
Igualmente, CC.OO. informa que, en el ámbito universitario, los recortes condicionaron el número de horas de docencia a la actividad investigadora evaluada positivamente. La dedicación docente ha podido incluso duplicarse en función de la actividad investigadora, lo que repercute negativamente en la carrera y promoción profesional de un elevado número de docentes funcionarios y, consecuentemente, en sus retribuciones. Además, el personal de administración y servicios de las Universidades Andaluzas sufrió un importante recorte en tanto que no pudo ampliar su plantilla ni consolidar puestos.
Así, ante el duro ataque que supuso este real Decreto-Ley a la educación española, CC.OO. ha demandado al Ministerio de Educación a través de un proceso contencioso-administrativo de Derechos Fundamentales, por vulneración del derecho a la educación, al empleo público y según el principio de seguridad jurídica del que goza todo ciudadano, motivo por el que le requiere la derogación o suspensión “sine díe” del Real Decreto-Ley 14/2014.
Consiguientemente, Molina indica que “seis años después, y en un contexto de crecimiento económico reconocido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, los recortes -definidos como temporales, transitorios y con un fin socioeconómico-, deben dejar de aplicarse en tanto que en la actualidad han desaparecido -con argumentos del propio Gobierno de España-, las razones económicas que los motivaron. Por tanto, estos pueden entenderse derogados por la propia Ley Presupuestaria”.
“Aun sin necesidad de esperar el recurso presentado por CC.OO. ante la Audiencia Nacional, Andalucía tiene base legal para dejar de aplicar el Real Decreto-Ley de recortes en tanto que la fundamentación jurídica de contención de gasto que se define en el propio preámbulo ha dejado de existir, según reconoce el propio gobierno de España en la nueva Ley Presupuestaria”, argumenta Molina como base al requerimiento que ha hecho por escrito a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
Accede al escrito de requerimiento presentado a la Consejería de Educación.