[22-11-18] CC.OO. Enseñanza y UGT denuncian el bloqueo de las negociaciones del convenio colectivo por parte de la Fundación Diagrama.
Las centrales sindicales informan que tras un año de negociación, no ha habido avances en la misma ante la postura inmovilista de la Fundación y su negativa hacer ninguna propuesta en materia salarial ni de mejora de condiciones.
Fundación Diagrama, una entidad del tercer sector sin ánimo de lucro con implantación en todo el territorio español en la que trabajan una cantidad cercana a los cuatro mil trabajadores y trabajadoras, 650 de ellos en Andalucía, casi en su totalidad dependientes de contratos públicos de servicios con la Consejería de Justicia y la de Bienestar y Servicios Sociales, mantiene bloqueada desde hace un año la negociación de su convenio colectivo con maniobras dilatorias impropias de una Fundación que dice trabajar para el bienestar de las personas.
Se da la circunstancia, informan CC.OO. y UGT, de que fue la propia empresa quien denunció el convenio colectivo bajo el pretexto de adaptar este a las nuevas necesidades y realidades del sector en que desarrolla sus actividades, sin embargo, desde que hace un año se constituyó la mesa negociadora no ha hecho una sola propuesta en firme aparte de negarse reiterada e injustificadamente a abonar a sus trabajadores la revisión salarial que recoge el convenio colectivo correspondiente a la actualización del IPC de 2017.
Según el Secretario General de la Federación de Enseñanza de CC.OO. Andalucía, Diego Molina, “la insostenible tesitura, unida a la práctica congelación salarial que desde hace ocho años vienen sufriendo los trabajadores, ha llevado a los sindicatos, por una parte, a interponer un conflicto colectivo en la Audiencia Nacional por el impago del IPC y, por otra, a comenzar a realizar movilizaciones como protesta y denuncia de la situación”.
Paralelamente, los delegados y delgadas de CC.OO. y UGT a solicitar a las distintas administraciones, que son quienes dotan presupuestariamente estos servicios --menores infractores, mayores, protección de menores, etc.-- y últimas responsables de esta gestión de un servicio público, a que insten a la empresa a emplear ese dinero en el capítulo que por ley les corresponde: las retribuciones salariales de los trabajadores.