El sector secundó masivamente la huelga convocada ayer por el sindicato y clamó contra la firma de un nuevo convenio que perpetuará la situación de pobreza laboral de miles de trabajadoras de los centros privados y de gestión indirecta del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años). CC.OO., sindicato mayoritario en el sector, se pliega a las demandas de las trabajadoras y por responsabilidad sindical se desmarca de la firma.

A pesar del clamor y del sentir mayoritario de las trabajadoras, las organizaciones patronales y los sindicatos UGT, USO y FSIE han decidido hacer oídos sordos a sus demandas y rubricar un texto que no supone ninguna mejora laboral y que además condena a la precariedad a un colectivo duramente golpeado por la crisis y la congelación salarial que arrastran desde 2011. El convenio que se acaba de firmar no soluciona ninguno de los múltiples problemas existentes en el sector y no prioriza el reconocimiento profesional de las tareas que vienen desarrollando las educadoras, cuya formación y responsabilidad no se corresponden en absoluto con las retribuciones irrisorias que pasarán a percibir. Los 930 euros brutos de salario base que establecerá el convenio muestran el ninguneo y el desprecio hacía un colectivo con retribuciones congeladas desde hace 7 años y medio.

A mediados de 2018 se suscribió el IV Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva entre CC.OO., UGT, CEOE y CEPYME. Entre otras medidas, establecía que ningún salario se situaría por debajo de los 1.000 euros en 2020. Eso no será así para el 80% de las trabajadoras de este sector porque tanto las organizaciones patronales presentes en la mesa como UGT han incumplido el compromiso que adquirieron. La esperpéntica decisión de firmar el nuevo convenio provocará que se continúe ahondando la brecha salarial por cuestión de género que motivó la huelga feminista del pasado 8 de marzo.

CCOO seguirá trabajando para mejorar las condiciones laborales de las miles de profesionales que en el día de ayer dejaron claro con sus protestas en todo el Estado que la pobreza laboral no se pacta.