El sindicato considera el nuevo curso escolar mal planificado, poco transparente, con pérdidas de derechos laborales y sin negociación en aspectos fundamentales que afectan a la organización de los centros educativos y a las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras, lo que ha conllevado que Educación haya enviado al paro a mucho de este personal.

En este nuevo curso escolar 2019-2020 que ahora comienza, CC.OO. denuncia que la Consejería de Educación ha realizado una mal planificación y sin ningún tipo de consenso ni negociación sindical, lo que está dañando el sistema educativo público andaluz y las condiciones laborales de sus trabajadoras y trabajadores en todos los sectores, lo que, sin duda, y si continúa en la misma actitud, provocará una respuesta contundente por parte del sindicato.

Según el Secretario General de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, Diego Molina, “los graves problemas y perjuicios que la Consejería de Educación está generando este nuevo escolar son fruto de la falta de negociación con las organizaciones sindicales.”

En lo referente al profesorado de la Enseñanza Pública, para CC.OO., no habido ningún avance significativo al respecto de sus condiciones de trabajo, a pesar de las manifestaciones del Consejero sobre homologación retributiva, promoción profesional, acceso o formación, “son solo palabras que no se han traducido en hechos”, según el dirigente sindical.

Igualmente, desde CC.OO. se indica que las declaraciones del Consejero respecto a la disminución de ratios responden a una manipulación de los datos.  Pues, se añade, la Consejería de Educación utiliza las ratios poblaciones pequeñas para hacer un anuncio no real de las ratios de las aulas andaluzas, utilizando simplemente la media y obviando la gran diferencia de ratios existentes entre grandes poblaciones “con ratios altas y centros saturados”, y pequeñas poblaciones, donde los Colegios Públicos Rurales tienen ratios bajas.

Por ello, Molina exige que la reducción de 13.000 escolares en la Educación Infantil y Primaria, que se ha producido en Andalucía este curso, se utilice tanto para reducir de modo real las ratios, especialmente en las grandes áreas metropolitanas, como para realizar desdobles y refuerzos educativos, lo que requiere un incremento de profesorado, especialmente de Primaria.

Además, incide Molina, “la referida bajada de natalidad solo es perceptible en las ratios de las pequeñas poblaciones en las que el derecho a la educación obliga a mantener las aulas, aunque estas posean menos escolares. Hacer `la cuenta a la vieja´ obviando esta situación, es no contar la verdad”.

En otro orden, CC.OO. denuncia que no se han atendido las reclamaciones que sobre la adjudicación de destinos provisionales ha realizado numeroso profesorado. Ello, debido tanto por falta de personal administrativo en los servicios centrales de la Consejería como a una lectura restrictiva de la norma, lo que está generando numerosos contenciosos y dañando así la educación pública. Además, el sindicato critica que el procedimiento de información de las plazas adjudicadas, contrariamente a como se venía realizando, dificulta conocer la adjudicación de destinos por especialidades docentes.  “Es más, se añade por parte del sindicato, los errores detectados no solo afectan a las numerosas reclamaciones sobre la adjudicación de destinos del profesorado en comisión de servicio o interino, sino, incluso, al procedimiento de adjudicación informatizada de vacantes sobrevenidas y sustituciones, que se ya se ha puesto en funcionamiento para este nuevo curso escolar y cuyo plazo, ante los numerosos errores detectados, la Consejería se ha visto obligada a ampliar.

De la misma manera, CC.OO. evidencia que en este inicio de curso Andalucía continúa teniendo en torno a 10.000 escolares recibiendo clases en “caracolas” al más puro estilo de “chabolismo escolar”. Esto supone que actualmente existen casi 400 aulas prefabricadas, en casi 180 centros. Además, el sindicato critica que siguen existiendo numerosos centros educativos andaluces sin la adecuada climatización, una situación que sufrirá tanto el alumnado como el personal que trabaja en estos centros, especialmente en los periodos de frío y calor, que son, debido al cambio climático, cada vez más extremos y prolongados.

Para el sindicato es significativa interpretación restrictiva de la normativa sobre la colocación del profesorado para este curso --muy especialmente en los Conservatorios Superiores y en la adjudicación de destinos --con errores evidentes en su tramitación--, y que, sin embargo, no lo sea con el personal de las cinco escuelas infantiles revertidas a gestión pública, cuyas 73 trabajadoras no han sido subrogadas tal como determina la propia normativa y numerosas sentencias, generando un conflicto innecesario que podía haber sido evitado con la citada subrogación.

En cuanto al Personal de Administración y Servicios y de Atención Educativa Complementaria propios de la Consejería de Educación, el curso comienza con precariedad en sus empleos, abusos y recortes en los derechos laborales, pues “este Gobierno no revierte, sino que incide en la misma política de privatización de la Escuela Pública”. Afirmación que se desprende de los siguientes datos: en la atención en el aula al alumnado con necesidades educativas especiales, hay 735 necesidades cubiertas con personal propio frente a 1.024 cubiertas mediante empresas privadas; en la interpretación en lengua de signos al alumnado con discapacidad auditiva, la totalidad, 160 personas contratadas por empresas externas; y, en la atención socioeducativa de 160 Escuelas Infantiles dependientes de la Consejería de Educación, 960 personas contratadas mediante empresas.

A todo ello se suma, en las aulas matinales, 3.316 personas contratadas por empresas; comedores escolares, de los 1.960 centros con servicio de comedor, solo en 349 centros el servicio es prestado mediante gestión directa, esto hace que haya 4.975 empleos contratados mediante empresas de catering frente a 989 cocineras y ayudantes de cocina contratadas por la Consejería, y 860 contrataciones mediante empresas para atención del alumnado en los comedores de gestión directa; acompañamiento en el transporte escolar, 1.626 empleos mediante empresas; la limpieza de los institutos: 2.829 trabajadoras y trabajadores contratadas por empresas, frente a 1.702 contratadas directamente por la Consejería de Educación; actividades extraescolares, cifra por determinar, al estar abierta aún la licitación mediante convenios con empresas, pero que, en todo caso, superará los 2.000 empleos.

En la Enseñanza Concertada, el curso se inicia con un estancamiento de la negociación instalado en la Mesa de la Enseñanza Concertada en Andalucía. En este sentido, Molina afirma que “los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza concertada se sienten ignorados y discriminados por el Gobierno andaluz”.

“Con todo lo descrito sobre los distintos sectores laborales, CC.OO. avisa de que este nuevo curso que comienza va a ser `calentito´, porque las decisiones tomadas por la Consejería de Educación, sin consenso alguno, están suponiendo un paso atrás tanto para el sistema educativo público andaluz como para los trabajadores y trabajadoras de los centros educativos”, finaliza Molina.