CC.OO. Enseñanza exige a Educación que el nuevo Decreto de escolarización sea una apuesta decidida por la educación pública.
El proyecto de Decreto de escolarización, que se encuentra en trámite de audiencia y que será informado próximamente por el Consejo Escolar de Andalucía, para CC.OO., debe determinar aspectos fundamentales que permitan consolidar la educación pública y avanzar en igualdad de oportunidades para toda la población.
El proyecto de Decreto de escolarización, promovido por la Consejería de Educación y Deporte y cuyo texto ha iniciado su trámite de audiencia, determinará la admisión de alumnado en los centros educativos andaluces sostenidos con fondos públicos para el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato.
Según el Secretario General de la Federación de Enseñanza de CC.OO. Andalucía, Diego Molina, “el nuevo Decreto debe contar con una nueva normativa que apueste por la educación pública, pues es esta la que ofrece igualdad de oportunidades a toda la población”.
En este sentido, CC.OO. considera fundamental que Decreto determine la ratio máxima de alumnado por aula, impidiendo la sobre matriculación en los periodos ordinarios de escolarización, ello evitaría este problema en muchos centros educativos, especialmente, en las grandes áreas metropolitanas y zonas costeras. Así, la bajada de la natalidad debe ser utilizada para reducir la ratio y mejorar el éxito escolar del alumnado andaluz.
Además, Molina incide en que es imprescindible que este Decreto determine el número máximo de escolares con necesidades específicas de apoyo educativo por aula y la reducción de ratio que debe conllevar la matriculación de estos escolares en un aula ordinaria. Así, “la igualdad de oportunidades debe ser el principio que sustente este Decreto, debiendo conllevar que ningún nivel educativo no obligatorio, y por tanto no gratuito, determine la escolarización futura del alumnado porque sería segregador para el alumnado con menos recursos económicos”, apunta el responsable sindical.
Igualmente, para el sindicato, resulta fundamental que la renta per cápita sea un criterio compensador que permita una distribución equilibrada del alumnado en todos los centros sostenidos con fondos públicos, evitándose centros con perfiles determinados de alumnado.
En la misma línea, CC.OO. considera esencial respetar las zonas educativas. Por ello, Molina incide en la total oposición del sindicato a cualquier intento de suprimir estas, ya sea total o parcialmente, incluyendo centros de entidad no pública en una zona educativa que no sea la suya, un hecho que denotaría la falta de apuesta por la educación pública por parte de la Junta de Andalucía. De ahí que, para CC.OO., el concepto de `demanda social´ que determina la LOMCE debe definirse en este Decreto dentro de los límites que condiciona la propia planificación educativa.
“Por todo ello, CC.OO. manifiesta su disposición a negociar siempre que los principios básicos que sustenten el Decreto de escolarización sean su apuesta por la educación pública y por la igualdad de oportunidades para toda la población en edad escolar”, finaliza Molina.