Las concentraciones han tenido lugar esta tarde a las puertas de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las ocho capitales andaluzas y Algeciras, y han exigido a la Consejería de Educación y Deporte y al Gobierno de la Junta ser subrogados, una vez que la administración rescate ambos servicios y los preste con empleo público.

CC.OO. reclama una mesa de negociación para mantener a estas trabajadoras y trabajadores en sus puestos, dando así aplicación a la Ley 9/2017 de Contratación del Sector Público.

Este miércoles, varios cientos de Técnicos de Integración Social (PTIS) e Intérpretes de Lengua de Signos (ILSE), contratados por empresas para prestar los respectivos servicios educativos, se han concentrado a las puertas de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las ocho capitales andaluzas y Algeciras. La protesta, convocada por CC.OO., tiene por objeto exigir al Gobierno de la Junta el mantenimiento de los empleos de estos trabajadores y trabajadoras, una vez que dichos servicios sean rescatados por la Administración educativa y prestados con empleo público.

Tanto el servicio de Servicio de Apoyo y Asistencia al Alumnado con Necesidades Educativas Especiales como el de Interpretación de Lengua de Signos lo desarrollan casi 1.400 trabajadoras y trabajadores –colectivos altamente feminizados, con casi el 90% de mujeres— en cerca de 1.200 centros de enseñanza públicos repartidos por toda Andalucía.

En este sentido, el Secretario General de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, Diego Molina, “exige el cumplimiento de la Ley 9/2017 de Contratación del Sector Público, y concretamente su Art. 130.3, por la que la Consejería de Educación y Deporte estaría obligada a la subrogación de este personal, una vez la prestación del servicio sea ofrecida de forma directa y con personal propio por la Administración”.

CC.OO. recuerda que el conflicto surge a raíz del Informe General de la Junta de Andalucía de 2016, por el que queda claro que la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) no tiene competencias para la contratación del Servicio de Apoyo y Asistencia al Alumnado con Necesidades Educativas Especiales ni el de Interpretación de Lengua de Signos, y que la Consejería de Educación tiene hasta el 2022 para convertir estos puestos en públicos.

Además, la Responsable de Servicios Complementarios Externalizados de la Federación de Enseñanza de CC.OO. Andalucía, Salud García, “denuncia que en este proceso la Administración ha utilizado una engañosa intencionalidad con las trabajadoras, haciéndolas creer que para mantener sus empleos la solución pasa su inscripción en una bolsa de trabajo, y que la Administración no es la culpable de que no se pueda materializar su continuidad una vez sean rescatados los servicios, sino que lo son los sindicatos, obviando, de forma premeditada, su deber de subrogación, tal como dicta la Ley”.

A este respecto, Molina incide en que “la única solución viable es la aplicación de la Ley y la subrogación”. Añadiendo, que “CC.OO. está al lado de las trabajadoras, junto a las que ha ya ha realizado varias protestas e, incluso, una jornada de huelga el pasado día 15 de enero. Y que, de no tener respuesta por parte de la Consejería de Educación y Deporte, continuarán con su calendario de movilizaciones, siendo la próxima protesta una concentración ante la sede la citada Consejería, en Sevilla, el próximo miércoles 12 de febrero, sin descartar más jornadas de huelga en próximas fechas”.