El sindicato recuerda que, en estos centros donde se atienden en Andalucía a 15.000 personas discapacitadas gravemente afectadas, se está prestando servicio a personas altamente vulnerables al COVID-19 sin contar con equipos de protección, un riesgo tanto para personas usuarias como para trabajadores y trabajadoras.

La Federación de Enseñanza de CC.OO. ha denunciado que los trabajadores y trabajadoras de centros de atención a personas con discapacidad, que se mantienen abiertos al ser considerados centros que ofrecen servicios básicos, no cuentan con trajes de protección, mascarillas o guantes, lo que supone un riesgo tanto para los usuarios, -muchos de ellos personas vulnerables-, como para los trabajadores y trabajadoras.

Por ello, el sindicato reclama a las patronales concesionarias de estos servicios, 125 asociaciones en todo el territorio andaluz, que faciliten al personal de sus centros los equipos de protección necesarios que eviten la propagación del coronavirus, precisamente entre una población tan vulnerable.

CC.OO. recuerda, en ese sentido, que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales autoriza que los delegados y delegadas de prevención puedan cerrar de modo urgente un centro de trabajo si se entiende que las actividades que en él se desarrollan afectan gravemente la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras, un hecho que, en relación a esta crisis sanitaria y a estos centros, afecta también a las personas usuarias.

“No es intención del sindicato provocar el cierre de centros de atención a personas con discapacidad en régimen de inclusión, pero exigimos a las asociaciones concesionarias que tomen las medidas sanitarias necesarias con la mayor urgencia o, de otro modo, nos veremos forzados al cierre de sus instalaciones, tal como CC.OO. ha tenido que hacer por este mismo motivo en numerosas empresas”, apunta el secretario de Enseñanza de CC.OO.-A, Diego Molina.

El dirigente ha explicado que, en cualquier caso, “CC.OO. va a exigir a la autoridad laboral que vigile el cumplimiento de estas normas, que son de obligado cumplimiento, y que se deben respetar por responsabilidad social y de salud pública”.   

“Estos centros, más de 500 en régimen de plena inclusión en Andalucía, están catalogados como educativos por la atención que realizan, y dan servicio a 15.000 personas que requieren en estos momentos una especial dedicación, dado que en muchos casos son consideradas vulnerables frente a este virus”, apostilla Molina.

CC.OO. de Andalucía ya había alertado en un escrito remitido al Gobierno andaluz, de “un sinfín de situaciones en las que miles de personas trabajadoras se encuentran en riesgo de contagio del coronavirus COVID-19 porque no se están adoptado los procedimientos de trabajo ni las medidas de prevención indispensables y recomendadas por las autoridades sanitarias y gubernamentales”.