No debe precipitarse el regreso a la actividad presencial en las administraciones públicas y, de hacerse, debe llevarse a cabo con las máximas garantías de seguridad y salud, tanto en el centro de trabajo como en los desplazamientos. Además, los protocolos deben ser negociados con los sindicatos.

El Área Pública de CCOO exige al conjunto de las administraciones públicas, así como al sector público empresarial, que sean negociados los protocolos de actuación para la reincorporación de las empleadas y empleados públicos a sus puestos de trabajo.

En el día de hoy hemos trasladado a Carolina Darias, ministra de Política Territorial y Función Pública, un segundo escrito exigiendo la convocatoria de una reunión por videoconferencia en el marco de la comisión de seguimiento del II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y Condiciones de Trabajo con el fin de debatir las líneas generales para la reincorporación del personal de las administraciones públicas.

En este sentido, desde el sindicato consideramos necesario que haya un marco común que homogeneice las medidas de reincorporación en todas las administraciones públicas para evitar diferencias o discriminaciones, así como que los protocolos de actuación para la reincorporación sean negociados en cada ámbito con los sindicatos.

Así, las medidas que se pusieron en marcha tras la publicación de RDL 7/2020 y el RD 463/2020 para reducir la movilidad y el riesgo de contagio del COVID-19, debe ir suspendiéndose de manera escalonada y sin precipitación. Resulta necesario, mientras dure el estado de alarma, mantener la modalidad no presencial de teletrabajo, e igualmente ha de garantizarse el mantenimiento de las medidas sociosanitarias que se pusieron en marcha, con anterioridad al confinamiento.

Igualmente, mientras dure esta situación, las empleadas y empleados públicos podrán mantenerse en sus domicilios en los casos de cuidados de menores y mayores a su cargo, afectados por el cierre de centros educativos o de mayores, tal y como establece la Resolución de 10 de marzo, así como en los casos de contagio del coronavirus, síntomas o contagio de personas de su ámbito familiar.

Tampoco se incorporará mientras se mantenga la crisis sanitaria el personal trabajador especialmente sensible que el Ministerio de Sanidad ha definido como grupos vulnerables para COVID-19. Estaríamos hablando de las personas con diabetes, enfermedad cardiovascular -incluida la hipertensión-, enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 años.

Asimismo, la reincorporación deberá ser escalonada con la suficiente flexibilidad horaria tanto a la entrada como a la salida para rebajar al máximo las acumulaciones de personal tanto en los medios de transporte públicos como en el propio centro de trabajo.

Respecto a los centros de trabajo, los protocolos deben contemplar cómo se llevará a cabo la incorporación y cuáles serán las medidas de protección para garantizar la seguridad y salud del personal.

En cualquier caso, la incorporación se deberá llevar a cabo por grupos o ratios, para ampliar las distancias de seguridad, deberá contener la cartelería obligatoria de información, así como todas las medidas de protección e higiene, que deben estar en lugares visibles, en las entradas, baños, etc.

En caso de no poder garantizar las medidas de salud y seguridad no se deberá retomar la actividad presencial. En este caso, el personal seguirá en la modalidad no presencial y a todos los efectos como servicio activo con todos los derechos, incluidos los retributivos.

En este sentido, desde el sindicato rechazamos expresamente la resolución del Ministerio de Justicia de fecha 13 de abril, por la que se anula el sistema de disponibilidad implantado hasta esa fecha para la atención de los servicios esenciales, obligando a la presencialidad en los centros de trabajo de más personal del estrictamente necesario, lo que eleva directamente el riesgo de contagio.