• La Junta de Andalucía pasa en una semana de anunciar la supresión de 380 plazas en centros de protección de menores a 142 plazas sin justificación alguna, lo que supondrá un indeterminado número de despidos de trabajadores y trabajadoras.

• Según CC.OO., la mayoría de las entidades privadas que gestionan estos servicios públicos incumplen reiteradamente, con el consentimiento de la Junta de Andalucía, la normativa laboral vigente acompañada de prácticas abusivas hacia su personal.

Desde 2013, CC.OO. viene manifestando que la gestión del sistema de protección de menores en Andalucía no deja de hacer agua, resaltando la ausencia de planificación, las pésimas condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de los centros privatizados y la falta de recursos económicos, tratamiento diferenciado si eres un menor inmigrante o no, entre otros.

Así, según critica el Secretario General de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, Diego Molina, “la enésima incongruencia de la Junta de Andalucía ha sido la comunicación inicial, del pasado 14 de mayo, en la que alegando la situación sobrevenida derivada de la crisis social y humanitaria producida por la pandemia del Covid-19, se iba a hacer una `reprogramación presupuestaria´ que supondría la eliminación de 380 plazas de menores no acompañados (MENAS) con el consiguiente despido de más de 180 trabajadores y trabajadoras”.

Las plazas referidas están enmarcadas en las 792, que hace más de un año la Junta otorgó a diez entidades a través de un sistema de subvenciones incompatible, desde la óptica de CC.OO., con la Ley de Contratos de Sector Público y/o el Decreto que regula los conciertos sociales en Andalucía.

Por este motivo, prácticamente todas las entidades que vienen trabajando históricamente en el sector se negaron a participar en dicha “subasta” porque, como firmantes del Convenio Colectivo Estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores, eran conocedoras que con los presupuestos “ofertados” no se podía cumplir con la normativa laboral vigente, además de que con unas ratios imposibles el servicio tendría una pésima atención. Lo que, en su momento, supuso que CC.OO. impugnara dichas subvenciones por el incumplimiento de la legalidad laboral y administrativa.

Igualmente, CC.OO. critica que de una forma incomprensible e injustificada y, aparentemente, tras una reunión con las entidades que a día de hoy gestionan estos servicios y con el Defensor del Menor, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación cambia el discurso y notifica en su página web que ha alcanzado un acuerdo con las entidades para “solo” suprimir 142 plazas. Tampoco aclara el comunicado si van a utilizar de nuevo el modelo de subvención en concurrencia no competitiva --básicamente, le concedo la subvención a la entidad que esté dispuesta a gestionar el servicio sin prestar mucha atención al proyecto educativo y a que se respeten los derechos de los trabajadores-- o si, como debieran, utilizar los procedimientos administrativos estatales o autonómicos vigentes para la contratación pública.

“En vista de lo acontecido con estas plazas de MENAS y la no mención a la situación en la que quedan los trabajadores y trabajadoras, CC.OO. ha consultado a la Consejería pero esta ha ofrecido unas explicaciones genéricas y poco convincentes. Por ello, el sindicato ha pedido una reunión de carácter técnico para abordar tanto estos como todos los problemas, que como consecuencia de la Covid-19 está sufriendo el sector”, finaliza Molina.