Según el sindicato, la Consejería de Educación pretende modificar el currículo de la Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato en pleno estado de alarma y sigue sin publicar la resolución de plazas vacantes de los Centros de Profesorado para poder reducir las plantillas docentes en la formación del profesorado y, así, tener el camino libre para privatizar este servicio.

CC.OO. denuncia que a pesar de las críticas que realizan los partidos políticos en coalición, que auspician o gobiernan en Andalucía, sobre el estado de alarma en España, la Consejería de Educación utiliza esta excepcional situación para tomar decisiones unilaterales que van a afectar significativamente a la educación andaluza.

Según el Secretario General de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, Diego Molina, “la Consejería de Educación acaba de retomar el trámite de audiencia, que es perceptivo, para modificar las órdenes que regulan el currículo de la Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato, lo que provocará un cambio en la organización de materias de estudio en Andalucía para el curso escolar próximo”.

El sindicato tacha de desacertada esta modificación en el actual estado de alarma, cuando en estos momentos lo acuciante es desarrollar --con las organizaciones sindicales representativas de los trabajadores y trabajadoras de los centros educativos y con el Consejo Escolar de Andalucía, como representantes de la comunidad educativa--, un trabajo de consenso que organice la actividad escolar y educativa de cara a septiembre.

En este sentido, Molina “critica, que pese al actual contexto, existe un interés político tras el intento de llevar a cabo la modificación de las ordenes curriculares de la educación andaluza, máxime ante la previsión de la modificación de la LOMCE, tal como ha solicitado el Consejo Escolar del Estado, o destinar esfuerzos que no se centren en la nueva realidad con la que vamos a tener que vivir durante meses o quizás años”.

Igualmente, desde el sindicato se denuncia que siga sin publicarse la resolución de cobertura de vacantes de los Centros de Profesorado de Andalucía (CEP), pendiente desde el mes abril, pues su publicación dotaría del profesorado necesario a estos centros, una omisión intencionada que va a reducir significativamente el número de docentes en tareas de formación y actualización del profesorado, permitiéndose así la privatización de este servicio educativo.

A ello se añade, según CC.OO., la publicación del Decreto Ley 2/2020 de la Junta de Andalucía, que haciendo un uso interesado de la actual pandemia, genera importantes modificaciones normativas que poco tienen que ver con  la Covid-19 y no sólo en relación a aspectos cruciales como la ordenación urbanística, el medioambiente, el patrimonio histórico o el comercio de proximidad, sino que además modifica por la puerta de atrás aspectos importantes para la educación andaluza, caso de la autorización de centros privados para la formación a distancia, una modificación que viene a crear el marco legal para privatizar la formación y actualización del profesorado andaluz que vienen ofreciendo los CEP.

“En estos momentos, la Consejería de Educación debería centrar sus esfuerzos en acordar con la comunidad educativa la organización escolar y educativa del curso 2020-2021 bajo los preceptivos parámetros de seguridad sanitaria, pero, en vez de ello, dedica buena parte de su equipo a hacer política y recortar servicios”, finaliza Molina.