La Conferencia Sectorial ha debatido los documentos para la vuelta a la actividad lectiva que, a la vista del resultado de la reunión, no se han plasmado en medidas y criterios claros más allá de los acuerdos generales. El sindicato exige compromisos claros al Ministerio de Educación y a las comunidades autónomas, así como la convocatoria de la mesa de negociación del personal docente.

La Federación de Enseñanza de CC.OO., sindicato mayoritario en el sector, comparte con el Gobierno y la Conferencia Sectorial de Educación la importancia de la presencialidad en el ámbito educativo y formativo, pero incide en que todos los gobiernos autonómicos deben hacer los esfuerzos necesarios para alcanzarla. El sindicato recordó las iniciativas que ha presentado al respecto en las últimas semanas, en materia de financiación y de seguridad y salud, y cree que es en esa línea en la que hay que trabajar, garantizando el derecho a la educación y la seguridad y salud de toda la comunidad educativa.

Del resultado de la reunión no se desprenden avances en el inicio de curso con las comunidades autónomas, más allá del documento de Acuerdos generales que no detalla actuaciones concretas. Por ello, CC.OO. exige tanto al Ministerio como a las CC.AA. compromisos y medidas claras en todos los aspectos que configurarán el próximo inicio de curso. En este sentido, es necesario convocar la mesa de negociación del personal docente para abordar las medidas que se están discutiendo con las autonomías.

Desde el sindicato no se comparte el aumento del número máximo de alumnado por agrupamiento para los grupos de Infantil y hasta 4º de Primaria, y afirma que fijar la excepcionalidad en 20 personas por aula va a hacer que las CC.AA. opten por esa proporción en detrimento de la distancia social marcada.

La Federación de Enseñanza de CC.OO. considera que este aumento de la “ratio” y la flexibilización de la distancia de seguridad responde a las presiones y pretensiones de algunas comunidades de retomar la actividad lectiva bajo los parámetros de otros cursos y “a coste cero”. Pero el sindicato sostiene que la reducción del alumnado por agrupamientos no solo garantiza la distancia de seguridad, si no que va a permitir una mejor atención educativa al alumnado que, tras meses de confinamiento, va a requerir de apoyos, refuerzos y de una atención más individualizada.

CC.OO. rechazaría rotundamente la exclusión de los criterios sobre ratio y distancia mínima. Si así ocurriera entenderíamos que se prima el ahorro sobre el derecho a una educación de calidad y la seguridad de los distintos sectores de la comunidad educativa.

En cuanto a la elaboración de protocolos por parte de los centros educativos, desde el sindicato se considera que estos no son quienes tienen que asumir dicha responsabilidad, ya que existen los servicios de prevención y los comités de seguridad y salud que tienen esas funciones asignadas.

Sobre las medidas del inicio de curso, otro aspecto importante del documento es el de la dotación de equipos de protección individual y materiales de higiene. Para CC.OO. es fundamental que exista la suficiente disponibilidad y que estos sean adquiridos por las administraciones educativas o las empresas que regentan los centros escolares.

El sindicato también considera que el paquete de medidas para el inicio de curso debe contar con una memoria económica que, tal y como presentan los documentos, se desconoce más allá del anuncio del presidente del Gobierno el pasado domingo de 2.000 millones para la educación pública. La Federación de Enseñanza de CC.OO. ya había presentado un plan de inversión en el que estima en más de 7.385 millones de euros la partida que haría falta para hacer frente al inicio de curso en la “nueva normalidad”, por lo que considera imprescindible la revisión del dinero presupuestado para hacer frente a las medidas para el nuevo curso.

El documento presentado recoge otras propuestas que FECCOO le ha hecho llegar al Ministerio, como la adaptación de las programaciones didácticas y de apoyos para el alumnado con mayores dificultades, la puesta en marcha de planes de cooperación territorial orientados a la recuperación del alumnado que más ha sufrido dificultades y el refuerzo de los centros, así como, el acuerdo para el refuerzo de la competencia digital. Falta saber cuál es la inversión para dichos programas, que el sindicato cifró en 1.010 y 514,5 millones de euros, respectivamente.