[08-07-20] En este fin de curso, CC.OO. Enseñanza denuncia la irresponsable gestión de la pandemia de la Covid-19 que se está realizando en la educación andaluza
Según el sindicato, tras la inicial gestión de una crisis sanitaria imprevisible, se han sucedido actuaciones poco planificadas, con decisiones economicistas que han obviado las necesidades del sistema educativo andaluz y la salud de las personas, cuyo colofón de irresponsabilidad toma cuerpo en las instrucciones previstas para el próximo curso.
Llegado el fin de un curso escolar, marcado por una pandemia insólita, desde CC.OO. se valoran las actuaciones llevadas a cabo en la educación andaluza y aquellas otras que están previstas para septiembre.Según el Secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, “a las actuaciones en educación llevadas a cabo inicialmente ante una pandemia inesperada, se han venido sucediendo decisiones nada consensuadas, irresponsables y mal planificadas, poniendo en evidencia que las personas responsables de la Educación en Andalucía tienen sus propios objetivos irrenunciables y que nada han aprendido de un virus que aún sigue entre nosotros”.
Molina critica que no se estén desarrollando propuestas para erradicar la brecha digital entre los escolares, detectada durante la forzosa formación online a la que nos hemos visto obligados y en la que nos podemos volver a ver; que no se tomen medidas para garantizar la distancia física entre escolares, no reduciendo la ratio; o, lo que es peor, que se estén suprimiendo unidades escolares públicas, incluso, en centros con solicitudes que no se van a atender --datos que no publicita la Administración en una falta absoluta de transparencia--, lo que supone un ataque claro a la educación pública andaluza.
Según el sindicato, la nefasta gestión que está haciendo la Consejería de Educación queda en evidencia con solo hacer un somero repaso de los datos, así, el incremento de 4.000 docentes, 152 técnicos de integración social (PTIS) y 1.500 puestos de personal de limpieza en los centros públicos para el próximo curso, en lo referido al profesorado, supondrá un irrisorio aumento de plantilla del 4% frente al 30% necesario para garantizar la distancia física, y cuyo coste seguiría siendo inferior a los recortes sufridos por la educación andaluza en los últimos años. Mientras, se destina un importante presupuesto al Plan estival, que sólo ha sido concedido a 172 centros de los 379 que lo habían solicitado, siendo una propuesta que, una vez más, denota el fracaso de las políticas educativas que lleva a cabo el Gobierno andaluz”.
Igualmente, CC.OO. señala la falta de inversión puesta de manifiesto con los recortes sufridos en las sustituciones del profesorado de baja durante el ingente teletrabajo, que, además, ha tenido que realizar haciendo uso de sus propios recursos, desde el teléfono hasta el ordenador o la red wifi, cuestiones que la Consejería de Educación no tiene previstas resolver para el próximo curso.
En este sentido, Molina “lamenta que la Junta de Andalucía, más allá de apoyar al profesorado, esté haciendo recaer en él y en los equipos directivos la gestión de la pandemia de la Covid-19, gestión que corresponde atender a la Administración Pública y a las Autoridades sanitarias, pues el profesorado no dispone de la formación ni de los recursos para ello, pretendiéndose salvar este despropósito con la designación de un Coordinador Covid en los centros educativos, una medida que resulta, incluso, grotesca”.
Respecto a las 1.652 plazas de PTIS y personal de limpieza, CC.OO. exige que la contratación sea mediante un plan de choque, recurriendo a las bolsas de trabajo existentes. Igualmente, el sindicato recuerda la promesa del Consejero de Educación referida a las 631 monitoras escolares a tiempo parcial, por la que se comprometió a que en este curso sus contratos tendían, al menos, 20 horas semanales.
Servicios educativos privatizados
En la misma línea, el sindicato tacha de nefasta gestión la referida al personal privatizado, cuyo trabajo resulta fundamental para la educación de escolares con necesidades específicas de apoyo educativo. En este sentido Molina, señala la pretensión de la Consejería de Educación de considerar al personal técnico en integración social (PTIS) o a los Intérpretes de lenguas de signos (ILSE) como de servicios complementarios y no como personal básico educativo para la actividad docente, en una vuelta de tuerca más de precarización del empleo privatizado que padecen estas trabajadoras y trabajadores.
En Educación Infantil 0-3 años la situación no es mejor, pues se trata de un sector que viene soportando desde hace tiempo una situación muy precaria, que se ha visto acrecentada por la pandemia y que, sorprendentemente, no va a recibir ayuda económica alguna con motivo de la Covid-19.
Universidad pública
Molina denuncia los 135 millones de euros que la Junta de Andalucía pretende recortar a las universidades públicas andaluzas y recuerda que “la Covid-19 también tiene efectos nocivos en la Universidad, y que ello requiere inversión adicional y no recortes.”
Personal vulnerable
Para Molina, “el colmo de la irresponsabilidad es la imposibilidad de que el personal vulnerable a este virus, profesorado y personal de administración y servicios, pueda solicitar la exención de la actividad presencial, tal como CC.OO. había acordado el 8 de mayo con la Junta de Andalucía, y que un posterior acuerdo alcanzado por CSIF y UGT ha roto, atentando de modo irresponsable contra la vida de las personas”.
Por todo ello, CC.OO. denuncia la funesta gestión que está llevando a cabo la Consejería de Educación y que se evidenciará drásticamente con el inicio de curso en septiembre, pues los centros educativos pueden suponer un puente en la difusión comunitaria de un virus que los responsables políticos quieren obviar pero que sigue entre nosotros.
Así, Molina anuncia que “en el próximo inicio de curso si la Consejería de Educación no toma medidas responsables ni avanza en recursos y sigue actuando minimizando la Covid-19, CC.OO. convocará movilizaciones, ya que no se pueden permitir actuaciones que atentan contra la salud y el bienestar de sociedad”.