El área pública de CC.OO.-A ha criticado que “la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior ha faltado el respeto a las casi 300.000 empleadas y empleados públicos de la Administración de la Junta de Andalucía al presentar en la Mesa General de Negociación el anteproyecto de Ley del Presupuesto sin ninguna cifra ni dato económico que permita valorarlo de manera adecuada, ni contrastarlo con los datos del Presupuesto en vigor”. Para el sindicato es fundamental hablar de empleo público, de su mantenimiento y de la estabilización para que la tasa de temporalidad baje del 8%.

Este jueves ha tenido lugar una reunión de la Mesa General de la Función Pública de carácter extraordinario, donde se ha tratado el Anteproyecto de Ley de Presupuestos de Andalucía para 2021.

Una vez ha dado término dicha Mesa, CC.OO. critica que la Junta de Andalucía sustrae a las empleadas y empleados públicos andaluces el derecho a la negociación colectiva dentro de la propia negociación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma en todo lo que afecta a sus condiciones de trabajo.

En palabras del Coordinador del Área Pública de CC.OO. de Andalucía, Diego Molina, “La Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior ha faltado el respeto a las casi 300.000 empleadas y empleados públicos de la Administración de la Junta de Andalucía al presentar en la Mesa General de Negociación el anteproyecto de Ley del Presupuesto sin ninguna cifra ni dato económico que permita valorarlo de manera adecuada, ni contrastarlo con los datos del Presupuesto en vigor”. Es más, asegura Molina, “un año más, la Junta de Andalucía ha hecho, de lo que debiera ser la negociación de las cuentas de Andalucía y su reflejo en las condiciones de trabajo de los empleados y empleadas públicas, un teatro, un paripé para cubrir el trámite negociador en la Mesa General”.

Para CC.OO. es fundamental hablar de empleo público, de su mantenimiento y de la estabilización para que la tasa de temporalidad baje del 8%. Señala Molina que “en 2018 y 2019 firmamos con el Gobierno andaluz acuerdos para conseguir bajar la tasa de temporalidad por debajo de esa cifra, sin embargo, la realidad no apunta en ese sentido y la tasa de temporalidad se ha disparado y no parece que se vaya a cumplir el objetivo”. Y en materia de empleo, el dirigente de CC.OO. apostilla, “que debe asegurarse el mantenimiento del empleo, evitando la destrucción de puestos de trabajo públicos, porque son los garantes de las prestaciones básicas en educación, sanidad, justicia, administración general y local, entre otros, y sostienen la calidad de los servicios públicos”.

Por ello, desde CC.OO., se insiste en que el Presupuesto es una oportunidad única para acabar con la precariedad en el trabajo de sus empleadas y empleados, una de ellas es la derivada de la temporalidad durante años y años, la otra es la que tiene que ver con los “minijobs” implantados en la Administración Autonómica con el empleo en puestos de trabajo a tiempo parcial. Por lo que es una urgencia aplicar y resolver procesos de estabilización y acabar con los “minijobs” apostando por el empleo público en condiciones de calidad a jornada completa.


Asevera Diego Molina que para el sindicato “es una línea roja fundamental el cumplimiento de los acuerdos suscritos con la empleadas y empleados públicos, y en el caso de la Acción Social el incumplimiento es flagrante, porque a pesar de lo acordado en 2018 y 2019 el Anteproyecto no prevé restituir las ayudas suspendidas en 2012 durante la anterior crisis”.

También constituye una prioridad sindical el seguir avanzando en la recuperación de los derechos suspendidos, en este sentido el Anteproyecto de Presupuesto mantiene vivos 14 artículos de la Ley 3/2012, “de recortes” al sector público, constituyendo una nota curiosa el contraste que supone el hecho de que dejará de estar vigente la referida las retribuciones de los altos cargos”.

Se lamenta desde CC.OO. que, en lugar de activar la contratación y el empleo público, de nuevo la Junta de Andalucía apuesta por “la permanencia en el articulado de la intervención excesiva de la Consejería de Administración Pública, Hacienda o de la consejería competente en Regeneración, al respecto de los controles internos que ralentizan o evitan la contratación pública”.

Además, el coordinador del Área Pública de CC.OO. apunta que “en un escenario donde la pandemia provocada por la COVID19 alcanza en la actualidad cotas inimaginables, en el Anteproyecto de Presupuesto no se ve cómo afecta la COVID al presupuesto, a pesar de su trascendencia, prioridad y condicionante básico, el texto presentado apenas se acomoda a esa vinculación que, salvo que cuando se concreten las partidas presupuestarias permitan que se afirme otra cosa, apenas se reflejan en el texto presentado”. “Inexplicablemente –indica Molina- la única medida específica vinculada al COVID es la de ‘Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos’.

Igualmente, Molina indica la extrañeza que produce seguir viendo que en el Anteproyecto de Presupuesto aparecen de nuevo partidas presupuestarias para empresas de auditorías, sin que conozcamos el resultado de las realizadas hasta ahora, y que han supuesto un importante gasto para las arcas públicas.

“En consecuencia, es preciso que el Anteproyecto de Ley del Presupuesto andaluz para 2021 incorpore elementos que supongan una garantía para hacer viable y sostenible el sector público instrumental que presta servicios públicos estratégicos y emplea a decenas de miles de profesionales. Esta viabilidad no puede dejar de ir acompañada del compromiso y garantía de cumplimiento de los acuerdos adoptados en materia de recuperación de derechos de todo el personal del sector público”, finaliza Molina.