[24-02-21] CC.OO. Enseñanza señala que para que sea efectiva la autoridad del profesorado se requieren recursos humanos y medidas de promoción de la convivencia
Según el sindicato, es necesario que el trámite del Proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado incluya medidas de promoción de la cultura y la paz que vayan de la mano con el concepto de autoridad.
En la tarde de este miércoles se va a producir en el Parlamento de Andalucía el debate del Proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado, un texto que fue presentado por la Consejería de Educación en Mesas de negociación y en el Consejo Escolar de Andalucía en junio de 2019, órgano este último que ya emitió su dictamen, y que se retoma ahora con este debate parlamentario.
Sobre el citado proyecto de ley, el Secretario General de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, Diego Molina, señala que “la necesidad de considerar al profesorado como autoridad debe contar con medidas que potencien el carácter preventivo y de desarrollo de la convivencia para avanzar en una sociedad más tolerante, que fomente un mejor entendimiento y que apueste por el respeto de la diversidad, fuente de riqueza social, un principio que debe verse apoyado, cuando sea necesario, por la consideración de autoridad de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, pero no de manera aislada.”
Para CC.OO., sindicato mayoritario de la educación andaluza, es importante avanzar en la conexión del profesorado y del personal educativo con el alumnado para mejorar la convivencia escolar y social en un ambiente de respeto, lo que requiere no sólo dotar de autoridad al profesorado, sino contar con una atención más personalizada del alumnado y sus familias. Ello supone reducir las ratios en las aulas y disponer de otros perfiles profesionales más allá de los docentes, tales como integradores sociales, educadores y trabajadores sociales o un mayor número de orientadores escolares, entre otros. “Medidas grandilocuentes, si no van asociadas a recursos humanos, tendrán poca repercusión real en el día a día de los centros educativos y de nuestra sociedad”, argumenta Molina.
Igualmente, desde el sindicato, se indica que es necesario que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto que le corresponde por parte del alumnado y sus familias, incluido en las redes sociales, una cuestión que, más allá de lo que logre esta Ley, se venía aplicando en base a instrucciones de la fiscalía de menores a petición de CC.OO., si bien es acertado que, dentro de ese marco global, se sitúe una ley de estas características.
Además, Molina señala que “la autoridad no sólo se impone, sino que debe reconocérsele al profesorado y al personal educativo de los centros, debiendo ser la Administración Educativa la primera en llevar a cabo esta valoración mediante el reconocimiento de la excelencia y el especial esfuerzo que se viene realizando con numerosas buenas prácticas educativas, con la implicación del profesorado en las Comisiones de Convivencia, en las que participa toda la comunidad educativa, que, dicho sea, son medidas que se encuentran reguladas en la actual normativa sobre promoción de la cultura de paz y de mejora en los centros educativos, que no pueden obviarse y que debe ir de la mano en esta ley, pero que se echan en falta en el texto”.
Por todo lo anterior, Molina espera “que Ley, que finalmente se apruebe, mejore su redacción en sintonía al dictamen emitido por el Consejo Escolar de Andalucía, que gracias a las aportaciones que en esta línea logró incluir CC.OO., y que, además, se considere, en los mismos términos, al Personal Complementario y de Administración y Servicios de los centros educativos, dado que los conceptos de autoridad y promoción de la convivencia lo deben ser para y con todo el personal que desarrolla su labor educativa y de atención en los centros andaluces.”