[21-09-21] CCOO protesta por el Anteproyecto de LOSU y el modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas
En la mañana de hoy ante las puertas del campus universitario de Rabanales, aprovechando el acto inaugural de inicio del curso escolar universitario, representantes de Comisiones Obreras se han concentrado para mostrar su rechazo al actual anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) presentada por el Ministerio de Universidades que dirige Manuel Castells. Una propuesta que no ha sido debatida con la comunidad universitaria y tampoco ha sido negociada con los agentes sociales.
Desde este sindicato, consideramos que este documento empeora la situación actual de las universidades públicas, especialmente en lo que se refiere a la promoción de un modelo neoliberal, dejando a la educación superior al servicio de los intereses políticos y económicos, lejos de su vocación de servicio a la sociedad y más enfocada a la formación de las élites que a una apuesta por una educación universal que ha demostrado ser una importante herramienta en la reducción de las desigualdades sociales. En esa línea, la política de becas y ayudas sigue condicionada por el rendimiento académico.
Esta Ley, tampoco aporta una memoria económica clara para afrontar los retos de la modernización ni para disminuir la precariedad laboral y los recortes sufridos en los últimos doce años, dejando un plan de inversión a futuro del 1% del PIB, muy por debajo de la media de la Unión Europea y de la OCDE.
Igualmente, la secretaria general de Educación de Andalucía, Marina Vega, ha manifestado que “desde la Junta de Andalucía se nos impuso un modelo de reparto que entrará en vigor en el año 2022 y va a suponer un recorte presupuestario en las universidades andaluzas de un 5%, con lo cual no se garantiza la calidad de la educación, ni la mejora en las condiciones laborales, ni tan siquiera resolver los problemas de las universidades públicas andaluzas.”
Desde CCOO queremos poner de manifiesto que uno de los problemas de esta nueva Ley es que se modifica la estructura interna, reforzando el papel de los Consejos Sociales y su participación en el gobierno de la Universidad –estableciendo una configuración y mecanismos de nombramiento nuevos–, a la vez que se restringe la participación y representatividad de la comunidad universitaria, disminuyendo drásticamente la democracia interna con el sistema de elección del rectorado, los decanatos y otros órganos de dirección. De igual manera, se eliminan los mecanismos de rendición de cuentas y se facilita la proliferación de conciertos sin supervisión de los órganos universitarios.
La propuesta presentada por el Ministerio que dirige Castells tampoco resolverá la precarización de las plantillas al no contemplar el desarrollo claro de las carreras profesionales –ni vertical, ni horizontal, ni siquiera la posibilidad de promoción interna como en el resto de los cuerpos de funcionarias y funcionarios del Estado–, mantiene los actuales sistemas de acreditación externa (ANECA) y se vuelve al sistema LRU para que el proceso de concurso-oposición esté integrado mayoritariamente por componentes externos a la universidad que convoca la plaza o para imponer estancias en otros centros por un periodo de nueve meses.