El próximo 10 de noviembre CCOO se movilizará para exigir que se recuperen los derechos arrebatados a las empleadas y los empleados públicos y garantizar el derecho de la ciudadanía a unos servicios públicos de calidad.

Con estas movilizaciones, CCOO quiere reivindicar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la Función Pública con el objetivo de lograr la negociación de un tercer acuerdo bianual de legislatura con asuntos pendientes. Entre ellos, el sindicato ha apuntado el mantenimiento del poder adquisitivo, la eliminación de cualquier limitación en la tasa de reposición para hacer realmente efectiva y duradera la reducción de la temporalidad a menos del 8% de las plantillas en todos los sectores públicos, y el desarrollo del EBEP (carrera y promoción profesional) entre otros. “Son materias que afectan directamente a la negociación actual de los Presupuestos Generales del Estado para 2022”.

En este sentido, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López y la secretaria general de CCOO Enseñanza Andalucía y responsable del Área Pública del sindicato, Marina Vega, han señalado que “el próximo 10 de noviembre saldremos todas las delegadas y delegados de CCOO a la calle para concentrarnos en las distintas delegaciones del gobierno en Andalucía para exigir al Gobierno Central que devuelva a las trabajadoras y trabajadores públicos los derechos que les fueron arrebatados con la anterior crisis financiera, así como reivindicar el aumento del gasto público en los servicios esenciales para la ciudadanía que permita inversiones en materia de logística e infraestructura, cohesión social y territorial y una mayor apuesta por la inversión en I+D+i, digitalización, formación y cualificación”.

Vega ha reseñado que “desde el Área Pública de CCOO de Andalucía valoramos que el Gobierno atendiese nuestras demandas y que haya aprobado por Real Decreto Ley los incrementos retributivos de las empleadas y empleados públicos. Sin embargo, exigimos su cumplimiento, desarrollo y mejora en un tercer acuerdo que garantice la recuperación de los derechos arrebatados a más de tres millones de personas del sector público, con la excusa de la crisis económica”. A modo de ejemplo, la dirigente ha explicado que “durante la crisis las trabajadoras y trabajadores públicos han perdido entre un 11% y un 18% de poder adquisitivo y sólo han recuperado, hasta ahora, un 4%”.

Del mismo modo, afirma Vega, “debemos, por un lado, recuperar el empleo público perdido, y por otro, acometer el necesario rejuvenecimiento de las plantillas, hecho de imperiosa necesidad ya que hay una gran cantidad de personal funcionario cuya edad está muy próxima a la jubilación. Eso, sin duda, pone en cuestión la continuidad de la prestación de los servicios públicos con eficacia, calidad y universalidad”.

Igualmente, CCOO defiende que se agilicen los procesos para garantizar la reducción de la temporalidad del 24% al 8% en todo el sector público, (acuerdo de finales de 2020), con las máximas garantías jurídicas. Según explica el sindicato “los procesos deben contemplar no sólo los puestos considerados estructurales sino todos aquellos cubiertos de manera alegal, ilegal o en fraude de ley, a través de figuras como programas, obras y servicios, etcétera”.

“En ningún caso se deben permitir la amortización de las plazas y debe realizarse la adaptación del EBEP, y demás normas de aplicación, que eviten el fraude o abuso en la contratación temporal donde queden claramente reflejadas las sanciones disuasorias ante tales abusos”, señala Vega.

En cuanto a la negociación  de los fondos adicionales, que son parte de las retribuciones y por tanto de obligado cumplimiento, la responsable de Pública de CCOO, ha explicado que “deben verse incrementados para reducir o eliminar la brecha salarial de género, así como contemplar las partidas suficientes que den respuesta a las justas demandas para, entre otros, acometer las deficiencias y adaptaciones en la relación de puestos de trabajo, carrera profesional, cualificación y clasificación profesional, valoración de puestos de trabajo, que deben trasladarse, a su vez, a los convenios colectivos y/o acuerdos.”

Por último, afirma Vega, “se debe impulsar la negociación de un acuerdo marco de mínimos para la administración local respetando, no obstante, el derecho a la negociación colectiva en cada ámbito; además de acometer, de una vez por todas, el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público pendiente desde su publicación en 2007”. En concreto, la dirigente ha apuntado “en lo que respecta a la garantía de cumplimientos de los acuerdos, la mejora para el acceso al empleo público, la obligatoriedad de resolver las Ofertas de Empleo Público, agilización de los procesos selectivos (convocatorias con carácter anual que contemplen especialmente las plazas vacantes ocupadas por personal temporal), eliminar cualquier tipo de discriminación entre personal fijo y temporal, carrera profesional, evaluación del desempeño, cualificación y clasificación profesional, movilidad interadministrativa, regulación del teletrabajo, etc.

Desde CCOO de Andalucía recordamos que los servicios públicos están residenciados en la sanidad, la enseñanza, los servicios sociales, la protección de las personas a través de políticas de seguridad pública y de infraestructuras que faciliten la movilidad. Deben primar transportes en régimen concesional regulado, la atención de las instituciones en la gestión de las necesidades administrativas, del ejercicio de acceso a la justicia, de la protección de sus derechos democráticos; así como disponer del control del agua como un bien universal, del derecho a la información veraz a través de medios de comunicación públicos, del acceso a la cultura, o, la garantía de extensión de la digitalización, especialmente en el mundo rural o zonas más deprimidas.

Ante ello la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, insiste que “los servicios públicos esenciales son la única garantía de equidad en derechos de la ciudadanía. Por ello, debe haber una apuesta clara porque estos se presten directamente por empleados y empleadas públicas, garantía de calidad en el desempeño de los mismos, lo que debe conllevar la reversión de privatizaciones y de servicios públicos externalizados”.
CCOO de Andalucía reivindica, de este modo, que España debe recuperar el gasto social anterior a la crisis “para ir acercándonos a los países de nuestro entorno y, sobre todo, garantizar los derechos de la ciudadanía que la crisis ha puesto en riesgo, con copagos o dificultades de acceso a los servicios públicos, entre otros”.