La Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha denunciado los despidos que se están llevando a cabo en los centros de Internamiento de Menores Infractores pertenecientes a la Consejería de Justicia de Andalucía y que gestionados por las empresas privadas AFANAS, GINSO, ADIS MERIDIANOS y DIAGRAMA “han promovido y están propiciando despidos totalmente injustificados”.

El sindicato destaca que estas empresas han obtenido “elevados beneficios y que pese a ello están despidiendo a sus trabajadores y trabajadoras a través de ERE y de despidos puntuales, lo que conlleva un detrimento en la calidad del servicio”.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, ha denunciado los despidos que se están llevando a cabo por parte de las empresas privadas encargadas de gestionar los centros de internamiento de menores infractores en Andalucía. Como ha recordado Vega, estas empresas son las encargadas de gestionar los centros pertenecientes a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, y, según apunta la dirigente, obtienen “elevados beneficios con dicha gestión”.

En concreto, se trata de las empresas privadas AFANAS, GINSO, ADIS MERIDIANOS y DIAGRAMA, “quienes han promovido y están propiciando despidos totalmente injustificados tras la firma de renovación de contratos de gestión con la citada Consejería, en unos casos a través de ERE y en otros con despidos puntuales”.

En este sentido, la secretaria general de la federación de Enseñanza, ha manifestado que “obviando que la Ley lo permite de manera indirecta, es inconcebible y escandaloso que el Gobierno andaluz tenga un servicio público de estas características privatizado y que esto le reporte a varias empresas beneficios económicos que superan los 12 millones de euros en 4 años".

Para el sindicato “lo que resulta el colmo de la mercantilización y del uso alegal de dinero público, es que estas mismas empresas, a pesar de obtener beneficios, se permitan despedir a trabajadores y trabajadoras, sin justificación alguna y con el consecuente deterioro de un servicio público tan sensible como este”.

El responsable de Política Educativa de la Federación, Diego Rodríguez, ha explicado en cifras lo que suponen estos despidos. “La Consejería de Justicia de Andalucía ha renovado los contratos de gestión de los Centros de Internamiento de Menores Infractores para el período 2022-2025 a 4 entidades del denominado tercer sector por un valor inicial de 250.003.530,84 euros”. En el caso de la Fundación Diagrama, ha obtenido la gestión de 8 centros en Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén, Málaga y Granada y el montante económico total que va a percibir esta entidad por la gestión del servicio es de 116.888.772 euros. Dicha cantidad recoge los costes de personal, de atención a los usuarios, asi como gastos ordinarios, seguros, gastos de estructura. En ese mismo contrato se expone que la entidad obtendrá un beneficio neto de 5.844.438 euros por la prestación del servicio.

Pese a ese beneficio, el delegado de CCOO en Diagrama Sevilla, Víctor Cisma, ha reseñado que hay sobre la mesa 17 despidos, sobre todo de educadores. “No se cubren vacaciones, la conciliación se haga casi inviable al haber menos recursos humanos y hay una sobrecarga en los profesionales que hace que baje la calidad del servicio y la atención a estos y estas menores”.

En el caso de la Asociación AFANAS, ha obtenido la gestión de un centro en Cádiz por valor de 25.761.813 euros. En los mismos términos referidos anteriormente la entidad obtendrá un beneficio neto de 1.288.090 euros. La Asociación GINSO obtiene la gestión de 2 centros, uno en Algeciras (Cádiz) y otro en Oria (Almería) por valor de 70.343.437,63. Al igual que en el anterior caso, se especifica que la entidad obtendrá un beneficio neto de 3.517.171 euros por la prestación del servicio. Por último, la Asociación ADIS MERIDIANOS renueva por la gestión de dos centros, uno en Córdoba, y, otro en Almería por valor de 35.108.341,35 euros, con un beneficio para la entidad de 1.755.417 euros.

Ante esta situación, CCOO ha instado al Gobierno andaluz a intervenir “para acabar con estas malas prácticas y propiciar que las empresas den marcha atrás en su afán de despedir para aumentar aún más sus beneficios”. “La Junta de Andalucía es la responsable última del servicio y garante del correcto uso del dinero público, sobre todo, de que ningún andaluz o andaluza se vea afectado, y en este caso despedido, y como demuestran los datos, no hay ninguna cuestión económica ni técnica que justifiquen esos despidos más allá del interés mercatilista de las empresas”, ha apostillado Vega.