La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, ha presentado un escrito en la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, en el reclama a la Administración Pública, entre otras cuestiones, que no se penalice a las funcionarias en prácticas en situaciones de maternidad, y que se permita a las docentes ocupar un puesto específico, si se desea disfrutar de reducción de jornada por cuidado de hijas e hijos o de un familiar, hecho hasta ahora imposible.

La Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha recordado que “aún se penaliza a las profesoras funcionarias en prácticas en situaciones de maternidad”.

En este sentido, el sindicato ha presentado un escrito ante la Consejería en el que se solicita “que adopte cuantas medidas de acción positiva sean necesarias y dicte cuantas disposiciones e instrucciones correspondan, para corregir las situaciones discriminatorias existentes, que perjudican los derechos de las mujeres que ejercen como docentes en la educación pública andaluza no universitaria”.

CCOO ha explicado que el Decreto 302/2010, de 1 de junio, por el que se ordena la función pública docente y se regula la selección del profesorado y la provisión de los puestos de trabajo docentes, “contiene un elemento penalizador que contraviene todas las normas de rango superior”. La dirigente ha dejado claro que “debería regularse el reconocimiento de la calificación de apto con carácter retroactivo a su posición dentro de su promoción originaria de aprobados seleccionados, y no al último puesto, aunque la mujer se incorpore a dicho listado un año después, dado que su derecho preferente puede verse perjudicado en aquellos procedimientos en los que concurra y compita con sus compañeros y compañeras de promoción”.

Vega reseña que “la funcionaria en prácticas en situación derivada de la maternidad, debe tener la posibilidad de superar dicha fase de prácticas en dos cursos sucesivos, una vez finalizados los permisos y licencias derivados de esa circunstancia, que le han impedido temporalmente la docencia directa tras su nombramiento como funcionaria en prácticas. Obviamente supone una merma en su desarrollo profesional que la discrimina respecto del resto de funcionarios y funcionarias en prácticas que no han ejercido los derechos derivados de la maternidad y que sí cuentan con dos cursos académicos para superar esta fase de prácticas”.

Por otro lado, la dirigente ha criticado que “a día de hoy es imposible que una mujer esté disfrutando de reducción de jornada por cuidado de hijas o hijos; o, de un familiar y ocupe un puesto específico, ya que las delegaciones suelen alterar y/o suprimir derechos de los empleados públicos de forma arbitraria e injustificada”.

Sobre esa cuestión, Vega pone de ejemplo que “se permita que mayores de 55 años tengan reducción horaria y puedan participar en las convocatorias de este tipo de puestos, mientras es incompatible con el derecho a la reducción horaria por cuidados a familiares”. “No entendemos el porqué de esta incompatibilidad si la docente cumple con todos los requisitos de titulación y otros méritos para desarrollar con garantías su actividad académica en los citados puestos”.

Asimismo Vega ha añadido que a todas esas cuestiones se suman “los problemas derivados de la acumulación de lactancia y no concesión posterior de excedencia por cuidado de hijos e hijas, así como la exigencia de una declaración jurada en la que se especifique que el padre no va a disfrutar de dicho derecho que, en principio, pueden disfrutar ambos progenitores”.

La responsable sindical sentencia que “no tiene ningún sentido limitar derechos que mayoritariamente solicitan las mujeres”, al tiempo que recuerda que “el deber y la obligación de las administraciones públicas de respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral, adoptando medidas que eviten cualquier tipo de discriminación entre mujeres y hombres”.