[11-03-22] CCOO exige a la Consejería de Educación que “depure responsabilidades” en la filtración de datos del concurso de traslados de profesorado de Secundaria

El sindicato asegura que “no es la primera vez que se obvia la Ley de Protección de datos causando serios perjuicios al colectivo del funcionariado público”.

La Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha exigido a la Consejería de Educación que “depure responsabilidades hasta donde sea necesario” en la filtración de datos personales del profesorado que ha solicitado concurso de traslados en Educación Secundaria.

Según han explicado, “el pasado martes se publicaron unos archivos Excel con enlaces a datos personales, peticiones de destinos y centros de cientos de docentes andaluces que habían solicitado concurso de traslados para el próximo curso escolar”.

En este sentido, la secretaria de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, ha manifestado su preocupación ante este suceso “que no es la primera vez que sucede. Aunque nunca antes había sido tan grave, ya que, además de vulnerarse la Ley de Protección de datos, se pone en riesgo, por ejemplo, a mujeres que estando en situación de violencia machista solicitan traslado amparadas por la ley y ven expuestos sus datos personales públicamente, con el grave perjuicio que esto les pueda ocasionar.”

La Junta de Andalucía “debe cumplir con su obligación de secreto con respecto a los datos de carácter personal y al deber de tratarlos con confidencialidad; y debe adoptar las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado”.

La Junta de Andalucía, como cualquier organismo público, está obligada tanto a cumplir como a velar por el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Es decir, aplicar el reglamento europeo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y que comenzó a aplicarse el 25 de mayo de 2018; así como la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales que adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento General de Protección de Datos.

La publicación de datos de carácter personal, requieren que previamente se cumplan con unas pautas de actuación para asegurar un tratamiento adecuado de los datos de carácter personal en los términos requeridos por la normativa en materia de protección de datos de carácter personal y, en este caso, sentencia Vega “se han obviado claramente.”

“Publicar datos personales en Internet es una cesión de datos de carácter personal; por tanto, sólo se deben publicar en Internet tras informar y solicitar consentimiento a los afectados. Así como verificar que los datos que se publican son estrictamente los mínimos necesarios. Cosa que como se ha puesto de manifiesto, no se ha respetado”, concluye Vega.

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