[16-03-22] CCOO advierte que universidades públicas andaluzas no podrán atender el incremento salarial de su personal ante el nuevo modelo de reparto del Gobierno andaluz.
La Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha puesto de manifiesto el “grave problema” al que se enfrentan varias universidades públicas andaluzas que no podrán afrontar los gastos corrientes ni el incremento salarial del 2% de su personal con el nuevo reparto del presupuesto para 2022. “Estamos ante el fracaso del modelo de financiación del Gobierno de la Junta de Andalucía, por lo que exigimos que se incremente el presupuesto para las universidades públicas”.
Entre otras, las universidades de Jaén y Huelva viven con una “profunda preocupación” la situación en la que quedan tras conocer el reparto del presupuesto para este año, fruto de la aplicación del nuevo modelo de financiación ordinaria de las universidades públicas andaluzas.
En este sentido, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, ha manifestado que “estamos ante el fracaso del modelo de financiación de la Junta que podría afectar a más universidades”. Ante esllo, el sindicato “ha exigido que de inmediato se incremente el presupuesto para las universidades públicas”.
“La aplicación de este modelo de financiación al presupuesto de 2021 prorrogado, que sólo contempla para el Sistema Universitario Público Andaluz (SUPA) un insuficiente incremento del 2,97% respecto al año 2021, ha evidenciado el fracaso del modelo aprobado por el Consejo de Gobierno con fecha 8 de junio de 2021, y que sin un incremento significativo en el presupuesto global del sistema público andaluz es imposible implementar”, sentencia Vega.
Asimismo, la dirigente ha explicado que “a pesar de aplicar para este año la cláusula excepcional de salvaguarda por la que las Universidades no recibirán menos del 100% de lo recibido en 2021, algunas universidades no experimentarán crecimiento en 2022, ni tan siquiera el 2% correspondiente a la obligada subida salarial para este año”.
Para CCOO “este modelo de financiación hipoteca en su primera aplicación, el futuro y la sostenibilidad de nuestras universidades, omitiendo los principios que, de acuerdo con el artículo 87 de la LAU deben regir en el modelo de financiación: integridad del sistema, suficiencia financiera, corresponsabilidad entre las universidades, convergencia de la situación financiera, planificación estratégica y cumplimiento de objetivos sociales; y transparencia en la gestión y su evaluación”. “Su aplicación, -afirma la responsable sindical-, ha puesto de manifiesto que los únicos principios que rigen en el modelo de reparto, no de financiación, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta, son la competencia entre universidades, la insolidaridad y la fractura del SUPA”.
Ante ello, la Federación advierte que “si mantenemos este modelo, el resultado para 2023 y años sucesivos, es que los problemas seguirán creciendo”. El sindicato teme que “la situación financiera se agravará aún más, ya que, al no ser años electorales, el Gobierno de la Junta ya no aplicaría la cláusula excepcional de salvaguarda por la que se garantizaría el 100% de lo recibido en el año anterior, causando un daño aún mayor y de consecuencias irreparables, comprometiendo el futuro para más de la mitad de nuestras universidades públicas”.
Sobre esta cuestión, la dirigente recuerda que “lo que reciben las Universidades, a través del modelo, sirve para financiar sólo el 80% de sus gastos, por lo debemos tener claro que difícilmente van a poder atender otras cuestiones tan relevantes como el mantenimiento de sus infraestructuras, el apoyo a su personal investigador, o programas de ayudas al alumnado”.
La dirigente ha emplazado al Gobierno andaluz y a la Consejería de Educación a explicar “cómo mejorarán los resultados las universidades si reciben menos fondos. Y, en consecuencia, cómo lograrán ser más competitivas con un reparto de la financiación que va a generar desequilibrios irreparables entre ellas”.
Por último, la responsable de la Federación ha crticado que “este modelo de financiación basado en resultados y cumplimiento de objetivos, no garantiza la cobertura de las necesidades básicas de las universidades para el funcionamiento ordinario y la prestación de un servicio público de calidad. Las universidades compiten entre sí para poder atender sus gastos más básicos, en detrimento de un sistema solidario que garantice los gastos básicos de cada una de ellas, por lo que exigimos que se amplíe su presupuesto”.