[07-04-22] Cientos de personas se manifiestan en protesta por el desmantelamiento del sistema universitario público andaluz
Ante los rectorados de todas las universidades andaluzas, salvo Córdoba y Sevilla que lo harán mañana, la comunidad universitaria se planta ante el nuevo sistema de reparto
CCOO advierte que el nuevo modelo de financiación a partir de 2022, la creación de nuevas universidades privadas y los “reajustes” (recortes) en el mapa de titulaciones que el consejero de Universidades de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, ya viene anunciado desde hace tiempo, “ponen en serio peligro al sistema Universitario Público de Andalucía” (SUPA).Cientos de personas de la comunidad universitaria se han manifestado en todos los rectorados de las universidades públicas andaluzas, (salvo en Córdoba y Sevilla que serán mañana), en señal de protesta por el desmantelamiento y privatización del sistema universitario público andaluz.
El nuevo modelo de financiación a partir de 2022, la creación de nuevas universidades privadas y los “reajustes” (recortes) en el mapa de titulaciones que el consejero de Universidades de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, ya viene anunciado desde hace tiempo, ponen en serio peligro al sistema Universitario Público de Andalucía (SUPA).
En este sentido, la secretaria general de la Federación de Enseñanza Andalucía de CCOO, Marina Vega, ha señalado que “ya venimos avisando desde hace meses de la enorme preocupación que han manifestado públicamente las universidades andaluzas; en especial, las de Jaén y Huelva, por el grave problema de financiación al que se enfrentan, ya que no pueden afrontar los gastos corrientes ni el incremento salarial del 2% de su personal, con el nuevo reparto del presupuesto para 2022”.
“Reclamamos la negociación de un plan plurianual de inversión junto a un modelo de financiación de las universidades públicas de Andalucía, que obedezca a los planes estratégicos de cada una de ellas, en el que esté garantizado el incremento de la financiación básica operativa que se necesita para hacer frente a los problemas de personal, de relevo generacional o la modernización, entre otros; con capacidad además para generar el desarrollo científico y tecnológico que nos lleve a los niveles de competitividad de las universidades más avanzadas.”
Según explica Vega, “con el nuevo modelo, más bien sistema de reparto, se condiciona la financiación básica a la obtención de resultados, y no a las necesidades reales y particulares de cada Universidad”. “Esta financiación, -prosigue-, está destinada a pagar los gastos corrientes de las Universidades Públicas. Además, convierte el sistema público andaluz, en un sistema competitivo”.
El proyecto de Presupuestos del Gobierno andaluz para 2022, (que al final no se aprobó), era claramente insuficiente. Mientras que la totalidad del presupuesto de la Junta crecía un 9%, el de Universidades apenas llegaba al 2,9%.
Igualmente, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, ha autorizado de forma acelerada la tramitación del proyecto de ley de creación de la Universidad Tecnológica Mediterráneo (UTAMED) y la Universidad Fernando III El Santo (CEU). “Estamos ante una clara apuesta por la privatización de la enseñanza superior en nuestra Comunidad Autónoma que cuenta con la oposición frontal de CCOO, de todos los Rectores y las Rectoras, del Consejo Andaluz de Universidades (CAU), de la Conferencia General de Política Universitaria, de la Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades y la DEVA”, señala la dirigente.
Según la secretaria general de enseñanza, “este modelo de financiación hipoteca, en su primera aplicación, el futuro y la sostenibilidad de nuestras universidades, y su aplicación durante cinco años puede suponer en algunas universidades la pérdida de un 25% respecto a lo recibido en el 2021, y llegar a alcanzar una pérdida por encima del 30% de financiación”.
CCOO deja claro que “el acceso a la educación superior de calidad es un derecho que no se puede privatizar, ni convertirlo en un privilegio sólo para aquellas familias que tengan medios para pagarlo”.
El sindicato no descarta llevar a cabo una huelga en defensa del sistema universitario andaluz, que da cobertura a más de 205.000 alumnos y alumnas, y a 30.000 empleados y empleadas, si el Gobierno andaluz no muestra evidencias claras de un cambio de rumbo en sus políticas de gestión universitaria”.