[21-04-22] CCOO se concentra en defensa de la universidad pública andaluza ante la “clara” intención del Gobierno andaluz de fomentar su privatización
El sindicato denuncia que el Gobierno de la Junta de Andalucía quiere convertir la ciudad de Málaga en el “paraíso” de las universidades privadas en nuestra tierra. “Cada día que pasa se ve más clara la intención del presidente andaluz de imitar el modelo de la Comunidad de Madrid”.
CCOO se ha concentrado ante las puertas del rectorado de la Universidad de Málaga, como colofón a una serie de manifestaciones que han tenido lugar durante el mes de abril en las 10 sedes de las universidades públicas andaluzas, en señal de protesta por la asfixia económica del Sistema Universitario Público de Andalucía (SUPA) y la amenaza de privatización de la enseñanza superior andaluza.
En este sentido, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, ha manifestado que “con el beneplácito del alcalde de Málaga, cuyo Ayuntamiento ya ha aprobado el pliego de condiciones para ofertar 40.000 metros cuadrados de suelo público para que se instalen estos organismos privados, el Gobierno Andaluz está centrando sus esfuerzos en convertir a la capital de la Costa del Sol en el paraíso de las universidades privadas”.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, ha autorizado de forma acelerada la tramitación del proyecto de Ley de creación de las Universidades Tecnológica Mediterráneo (UTAMED) y la Fernando III El Santo (CEU). “Se trata de una clara apuesta por la privatización de la enseñanza superior en nuestra Comunidad Autónoma”, sentencia Vega. Además, hay otras 5 iniciativas privadas pendientes de ser aprobadas: UCAM, la Universidad Costa del Sol, la Alfonso X el Sabio, la Universidad Europea y la de Mondragón.
Según la responsable sindical, “cada día que pasa se ve más clara la intención del presidente andaluz de imitar el modelo de la Comunidad de Madrid que ya cuenta con 13 universidades privadas (la última, creada en 2022) más 7 privadas internacionales, 23 centros privados adscritos a las mismas y tan sólo 6 públicas (creadas hace veintiséis años).
Vega ha recordado que “desde que en 2018 PP y Ciudadanos asumieron el Gobierno de la Junta de Andalucía, han sido muchos los ataques al modelo público universitario andaluz; empezando por un recorte de 300 millones de euros durante 2019 y 2020”.
Asimismo, la dirigente recuerda que a ese recorte le siguió un nuevo modelo de financiación que se aplica desde el 1 de enero de 2022 y que supone que algunas universidades públicas no experimentarán crecimiento este año, “ni tan siquiera el 2% correspondiente a la obligada subida salarial anual”. Según la secretaria general de la Federación “este modelo hipoteca el futuro y la sostenibilidad de nuestras universidades, omitiendo los principios básicos que, de acuerdo con el artículo 87 de la LAU (Ley Andaluza de Universidades) deben regir el Modelo de Financiación: Integridad del Sistema, suficiencia financiera, corresponsabilidad entre las Universidades, convergencia de la situación financiera, planificación estratégica y cumplimiento de objetivos sociales; y transparencia en la gestión y su evaluación”.
El sindicato ha reseñado que el 24 de marzo, ante el escándalo creciente que se estaba produciendo en las universidades, el Gobierno de la Junta decidió inyectar 21 millones de fondos FEDER. “Se trata de un parche insuficiente y engañoso; primero porque el incremento con respecto a 2021 seguirá dejando a 6 universidades por debajo del 2,8% (subida salarial del 2% y 0,8 % de crecimiento vegetativo); y, segundo porque esos fondos son finalistas, es decir, no se pueden destinar a pagos estructurales tales como contratación de personal, pago de la luz o nóminas, entre otras cuestiones”.
La responsable sindical ha insistido en que “desde CCOO defendemos un sistema universitario público potente como pieza angular del desarrollo social de nuestra tierra. El acceso a la educación superior de calidad es un derecho que no se puede privatizar, ni convertirlo en un privilegio sólo para aquellas familias que tengan medios para pagarlo”, concluye Vega.