La Federación de Enseñanza denuncia asistencia jurídica lenta y apoyo psicológico escaso frente al personal agredido que se ve indefenso ante la relativización de las agresiones verbales y la falta de información.

En lo que va de año, el sindicato ha recibido un total de 860 consultas por situaciones  de amenazas dentro de la comunidad educativa, de las que 360 han sido del Personal Técnico de Integración Social (PTIS); el resto, personal docente de entre las diferentes etapas educativas.

CCOO denuncia la falta de recursos para desarrollar con garantías el Protocolo de Prevención y Actuación ante situaciones de violencia externa en el trabajo, especialmente en las áreas jurídica y de apoyo psicológico al personal agredido, en la mayoría de los casos mujeres, que se sienten indefensas ante la relativización de las agresiones verbales y la falta de información generalizada.

En lo que va de año, nuestro sindicato ha recibido un total de 860 consultas por situaciones  de amenazas dentro de la comunidad educativa, de las que 360 han sido del Personal Técnico de Integración Social (PTIS); el resto, personal docente de entre las diferentes etapas educativas.

La gran mayoría de las dudas gestionadas han estado relacionadas con las faltas de respeto del alumnado (65%), así como amenazas verbales de padres y madres (35%). En todos los casos, cuando se ha analizado cada incidencia, el 90% de las acusaciones estaban carentes de fundamento.

En este sentido, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, ha manifestado que “toda la presión y responsabilidad no pueden recaer en los centros educativos que ya tienen bastante con el devenir de su día a día, máxime cuando este tipo de situaciones a PTIS, se producen en gran medida en los centros de compensatoria”.

La Federación también considera “significativo” que el 8% de acusaciones a PTIS derivan en intento de agresión física, mientras que el 15% de ataques a personal docente se realizan mediante ciberacoso sin llegar más allá del ciberespacio. “Esta circusntancia, -afirma la responsable sindical-, nos debería alarmar por el mal uso que se está haciendo, en algunos casos, de los canales de comunicación entre los progenitores y el profesorado.”

Según ha confirmado Vega, “el Gobierno andaluz cuenta con los instrumentos necesarios para evitar que estas situaciones se sigan produciendo”. “Lo que hace falta es que desde la administración no sean tan laxos a la hora de aplicarlos y doten de más recursos al sistema ya creado para dar el apoyo y asesoramiento necesarios tanto a los centros como a las personas agredidas”.

Como explica el sindicato, “los monitores y las monitoras de alumnado con necesidades educativas especiales e intérpretes de lengua de signos son un colectivo integrado por 1.400 personas en toda Andalucía”. “Las unidades de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación de Educación deben asistirlos y darles respuestas rápidas y eficaces en sus centros de trabajo, cuando se produce una situación de agresión física y/o verbal; algo que no se está produciendo por la escasez de recursos”, apostilla Vega.

A consecuencia de esas situaciones, “las personas amenazadas disminuyen su rendimiento profesional como consecuencia de cuadros depresivos y ansiedad que, finalmente, terminan en una baja laboral generando un sobrecoste a la Administración Pública.”

Igualmente, la dirigente sindical advierte que “en la mayoría de los centros educativos hay una tendencia a quitar importancia a las agresiones verbales y dársela sólo a las físicas, normalizándolas como consecuencia de un determinado contexto social y cultural del entorno en el que se encuentra la institución educativa”. Para evitar que eso se siga produciendo, Vega apuesta por la creación de protocolos de actuación elaborados conjuntamente entre los centros educativos y la unidad de Prevención de riesgos Laborales donde se contemplen las particularidades de cada centro.

Como explica la dirigente “en la actualidad disponemos entre otras normas, de la Resolución de 6 de julio de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se aprueba y ordena la publicación del Protocolo de Prevención y actuación ante situaciones de violencia externa en el trabajo, dirigida al personal funcionario y laboral del VI Convenio Colectivo, en el ámbito de la Administración General de la Junta de Andalucía, sus Instituciones, Agencias Administrativas y de Régimen Especial”. En dicho documento, se pone de manifiesto que “la realidad diaria nos confirma la existencia de conflictos en el ámbito del personal empleado público que realiza su trabajo con colectivos de diferente complejidad, con el consecuente agravamiento del riesgo. Las consecuencias negativas de la violencia repercuten de forma importante en la salud psíquica, física y social de la persona agredida”.

Asimismo, está la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. Además, la Ley 3/2021, de 26 de julio, de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado. “Se trata de documentos con buenas intenciones, pero sin previsión de recursos para su desarrollo, con lo cual no se resuelve nada“, sentencia Vega.